El 31 de marzo el gobierno producirá la primer poda en la revisión de designaciones de empleados, procesos concursales y contratos realizados durante el macrismo -hay tiempo hasta fines de junio para analizar algunos casos-, lo que genera ansiedad en trabajadores estatales y funcionarios que temen por su continuidad en momentos en que la administración de Alberto Fernández aún no ocupó unos mil puestos de alta dirección pública, a la espera de salir de la emergencia por la deuda pública y, ahora, por la pandemia del coronavirus.

A poco de comenzar a transitar su mandato, el Ejecutivo publicó el decreto 36 que obliga a auditar los procesos concursales de cargos y de selección de ingreso de personal a planta permanente «cuyas vacantes hubieran sido autorizadas a concursar en el período comprendido entre el 14 de diciembre 2016 y el 14 de diciembre de 2019», también «las designaciones efectuadas por procesos concursales en el período establecido entre el 14 de diciembre 2017 y el 14 de diciembre 2019» y «las contrataciones de personal en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25164 y en el Decreto 1109/17, efectuadas entre el 14 de diciembre 2016 y el 14 de diciembre de 2019». Como dentro de este universo difuso algunos de los contratos caducaban a fin de 2019, en lugar de renovarlos por un año lo hicieron por 3 meses a la espera de la revisión.

En el oficialismo, con todo, piden no confundir a quienes fueron designados en cargos en la administración pública y quiénes tienen contratos temporales, como por ejemplo esos que se renuevan año tras año.

A cargo de todo el proceso está la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, que depende de Jefatura de Gabinete. Pero será cada ministerio, organismo descentralizado o secretaría quien sugiera o no la continuidad de los agentes.

Ana Castellani, a cargo de la Secretaría en cuestión, explicó a BORDER que lo que «se está revisando son las contrataciones transitorias y en algunas secretarías también directores. Se prorrogaron algunos vínculo hasta el 31 de marzo pero que se podían ir interrumpiendo antes. Hay que separar entre cargos políticos y trabajadores transitorios. Hasta fines de marzo seguiremos revisando, en cada jurisdicción».

Quedan exentos de estas audidorías aquellos integrantes de la alta dirección pública que, mediante un decreto macrista, quedaron «atornillados» en empresas del estado u organismo descentralizados supuestamente para garantizar su estabilidad luego de haber competido por sus puestos.

Con todo, Castellani reconoció que en total, entre puestos directivos y empleados de planta, podrían ser unos 10 mil los agentes bajo la lupa. «Para analizar a los concursados vamos a tener una prorroga». avisó.

Cuando fue consultada por las quejas visibilizadas por parte de sindicalistas en la Comisión de Energía Atómica (Cnea) -en la que pedían la expulsión de los «gorilas»-, la funcionaria mencionó que «es en ese organismo donde revisan todo. Acá solo damos normativa general y controlamos lo legal».

Es que hace unas semanas apareció una cartelera colgada en el frente de la sede de la Cnea cuya leyenda decía: «Gobierno peronista. Funcionarios peronistas. Fuera Gorilas del sector». Es que es fuerte la presión de los gremios estatales para «limpiar» de empleados o funcionarios que llegaron al estado con el macrismo.

Una fuente oficial consultada admitió que «están todos ansiosos en varias áreas. Muchos quieren sacar de encima a quienes vienen del macrismo porque estuvieron maltratando a sus compañeros los últimos años».

No sólo empleados administrativos contratados anualmente están siendo observados. En la Dirección de Lógistica, de Secretaría General de la Presidencia, está siendo analizada la continuidad del director de medios aéreos, la coordinadora administrativa y el director de mantenimiento. Es decir, cargos medios. Hay algunos funcionarios que ingresaron entre 2015 y 2019 que hoy gozan de cierta protección: son aquellos de origen massista que llegaron al estado cuando el hoy jefe de la Cámara de Diputados era considerado el «opositor modelo» por Mauricio Macri.

Un ex funcionario consultado, en tanto, no duda en calificar como una «persecusión total» la política en marcha y cuenta una anécdota risueña que involucra a Leonardo Di Pietro, actual Secretario de Empleo de la Naciòn pero quien fuera parte del equipo de «controladores» de Mario Quintana, el ex vicejefe de Gabinete de Cambiemos que auditaba al «mejor equipo de los 50 años». Al comienzo de su nueva gestiòn, Di Pietro habría contestado en forma negativa el pedido otro ex funcionario de Cambiemos que pretendía continuar en el estado, con la siguiente frase: «Es que estas identificado con el macrismo».

Pero también el vencimiento del 31 de marzo hizo desfilar por Casa Rosada a funcionarios, con simpatìa peronista, temerosos por no saber que iba a suceder con su futuro laboral.

En el sector gremial, en tanto, están atentos a que no haya cesación de contratos «arbitrarias». Al respecto, Flabio Vergara, director negociación colectiva de ATE, sostuvo que «hay buen diàlogo con el gobierno en general. Se estàn revisando contratos de compañeros comunes que a fin de año les renovaron por 3 meses. No creo que vayan a tener problema. Si la podadora irá por quienes lograron cargos, con designaciones vía contrato durante el macrismo. Muchos fueron cargos inventados durante la anterior gestión».

En este sentido, Vergara indicó que «algunos siguen agarrados al règimen de alta dirección pública para obtener altas indemnizaciones, directores, coordinadores, asesores de alto salario, es decir, de entre $90 y $150 mil. Pero tambièn estàn siendo revisados los contratos de empleados rasos. Es una discusión muy finita».

Es que en algunos organismos -como la Cnea o el Inti (Instituto nacional de tecnología industrial)- las acusaciones van dirigidas a quienes cumplìan funciones durante el macrismo para hacer eficientes las distintas reparticiones, como cuando tuvieron que cesantear trabajadores. «Lo que está en discusiòn en los 20 ministerios son 100 cargos de alta jerarquìa, esta vez en lugar de correr la `grasa militante` (Prat Gay dixit) se busca sacar la `crema voluntaria`» . En realidad, el Ejecutivo pretende hacia fin de año poder lograr su propia estructura del estado.