Mientras el gobierno impulsa un impuesto a las grandes fortunas para hacer frente a las necesidades del estado post pandemia, descarta «por ahora» usar una caja apetecible con la que el macrismo logró recaudar 626 millones de dólares en tres años: la que maneja la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), que registró más de 70 mil propiedades y 26 mil coches oficiales, desde hace años viene cobrando alquileres y aún guarda unos 30 bienes incautados en causas que investigan corrupción, como los 2 aviones de Lázaro Báez que se encuentran en estado de abandono.
Frente al desafío que le plantea a la administración de Alberto Fernández la crisis económica devenida de un combo de alta inflación y recesión que le legó el macrismo y de la cuarentena por el coronavirus –hoy el estado paga la mitad de los sueldos de miles de empresas, por caso-, se planteó en el Congreso el proyecto para grabar a unos 11 mil personas con patrimonio multimillonario, según las primeras estimaciones, con lo que se podría recaudar más de 3 mil millones de dólares. Empero, no será un trámite rápido, ya que el proyecto aún no fue presentado y ni siquiera borradores fueron girados a comisiones de Diputados.
Es en este contexto en el que surge el interrogante sobre las posibilidades de buscar un financiamiento alternativo tal como ocurrió durante el macrismo, una política que en su momento criticó fuertemente el kirchnerismo por la supuesta entrega de patrimonio a cambio del fomento del negocio inmobiliario.
Entre 2016 y 2019 la Nación recaudó por la venta de 122 propiedades y la explotación (alquiler) de 148 contratos más de US$ 626 millones. Una parte fue girada al Tesoro y otra fue destinada a solventar obras, como el Paseo del Bajo, que unió esfuezos de Ciudad y Nación; por ejemplo, obtuvo recursos con la subasta de una parcela de Catalinas Norte (91.337 m2) ubicada en las avenidas Madero y Antártida Argentina.
Lo cierto es que el Frente de Todos decidió darle otra impronta a la ex Onabe. Tras la salida del macrista Ramón Lanús, recién en enero asumió su reemplazo: Martín Cosentino, ex titular del Partido Justicialista de Vicente López y de buena relación con el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Es secundado por Juan Debandi, un dirigente camporista que el año pasado fue candidato a intendente en Tres de Febrero. «Es un cargo político para intendentes con control de La Campora y la idea era poner bajo subasta territorios de intendentes no alineados y tierras del Ejército», indicó una fuente del PJ bonaerense consultada.
Con todo, el organismo no prevé en lo inmediato vender inmuebles y terrenos al estilo macrista. Así lo aseguró Cosentino a #BORDER: «No hay nada previsto con respecto a eso«. Durante la cuarentena sí se entregaron varios inmuebles «para hacer uso en el sistema de contención» frente a la pandemia -en Pilar y Salta, por caso., y también para la construcción de hospitales modulares -que serían inaugurados en los próximos días, el primero en el Conurbano-. «Estamos para todo lo que sea para ayudar», agregó Cosentino al referirse a esta iniciativa.
Otras de las pocas acciones entabladas por el organismo en las últimas semanas fue la cesión de un edificio de un inmueble ubicado en la calle Cochabamba 54, para que el Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad «pueda constituir su sede ministerial y desarrollar así sus tareas de erradicación de violencia y promoción de la igualdad de oportunidades«. Sí quedó postergada la auditoría interna y relevamiento de bienes para constatar el último informe de gestión que les dejó Cambiemos. «No lo recibimos«, contó una calificada fuente de Jefatura de Gabinete, de quien depende el organismo.
Al igual que otras áreas del gobierno, la cuarentena dispuesta por el coronavirus casi paralizó la gestión del organismo. No se avanzó, en este sentido, en si se va a continuar o no con el registro de los bienes enajenados por la justicia en causas de narcotráfico o corrupción, tras el decreto de extinción de dominio de enero de 2019 que firmó Mauricio Macri.
Entre las decenas de bienes incautados, se cuentan dos aviones de la empresa Top Air SA, que pertenecía al empresario Lázaro Báez, detenido por la denominada causa «la ruta del dinero K». En 2017 el juez Sebastián Casanello habìa dispuesto que se destinaran las aeronaves al ministerio de Seguridad pero finalmente recayeron en el organismo.
En 2019 el macrismo intentó subastarlas hasta último momento pero no logró su cometido. Y, pasado el tiempo, fueron perdiendo valor. De hecho, una fuente oficial admitió que le «falta mantenimiento» a las aeronaves alojadas en el aeropuerto de San Fernando. Se trata de un Gulfstream Rockwell Commander, modelo 690, matrícula LV-MBY cuyo precio base fue en ese entones 55.800 dólares, una cifra mucho menor a la tasación realizada en 2018 por los que los técnicos de la ex Onabe, dado que la demora ha generado una pérdida para el estado por el deterioro de los materiales. El otro avión que no pudo rematarse fue el utilizado por Báez cuando cayó detenido el 5 de abril de 2016 en la citada aeroestación: es el Learjet matrícula LV-BPL que está menos deteriorado que el anterior y en 2017 valía 575 mil dólares (hoy se descuenta que su precio base sería sustancialmente menor).
