La telemedicina según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es «el uso de las tecnologías digitales para la salud». Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus las consultas de los consultorios se desplomaron estrepitosamente. Quienes tenían que seguir un tratamiento o simplemente necesitaban consultar un profesional por algo que no estaba relacionado al COVID-19 elegía no hacerlo, por el miedo a romper la cuarentena.

El 22 de mayo ingresó al Senado de la Nación, luego de obtener media sanción en Diputados, un proyecto de ley que plantea la regulación de la teleasistencia médica en todo el territorio argentino.

Pablo Yedlin, diputado por la provincia de Tucumán por Frente de Todos es quien viene impulsando la sanción de esta ley desde el 2019, mucho antes de la pandemia. 

“En Argentina no estaba prohibida la teleasistencia pero no figuraba como una actividad nombrada que hace el médico. Lo que estaba pasando es que cada prepaga o cada obra social u hospital generaba la teleasistencia a su parecer, y lo que se busca es que se reglamente”, explica Yedlin a BORDER.

La ley propone que “los Ministerios de cada provincia deben regular la atención y generar las normas necesarias para decir cuáles son las prácticas que se pueden hacer por teleasistencia, qué formato tiene que tener para que esas prestaciones sean válidas”.

Este proyecto no hace referencia al monto que debe abonarse a los profesionales por una consulta no presencial, aunque Yedlin aclara: “Entendemos que es una consulta más como es la presencial, así que debe abonarse algo pactado entre los prestadores y los financiadores”.

«No tiene lógica que se crea que la teleasistencia tenga menos valor que la presencial”, asevera Yedlin y agrega que “la Superintendencia de Servicios de Salud al principio de la pandemia instó a las obras sociales y prepagas a generar métodos de teleasistencia, y en ningún momento estableció que el valor sea menor”.

De aprobarse esta ley, “cada provincia debe adherir a la ley y el Ministerio de Salud deberá apoyar a las jurisdicciones, es importante que no tengamos 25 sistemas distintos, sino sistemas con particularidades propias pero que respondan a una rectoría de nación”.

Al contrario de lo que plantearon algunos de sus colegas en la sesión donde se le dio media sanción al proyecto, Yedlin no considera que “este sistema tiende a la precarización”, sino “una herramienta más de trabajo”. 

Pero qué pasa en la aplicación, de qué manera están trabajando los médicos particulares que pre pandemia atendían en sus consultorios a través de empresas de medicina prepaga y que ante la imposibilidad de la atención presencial no tuvieron más alternativa que continuar tratamientos por vías virtuales. 

Flavio Albarracín, Médico hematólogo a cargo de la Coordinación de Auditoría Médica del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, reconoce en comunicación con BORDER que se trata de “un tema de debate entre los médicos” desde hace tiempo. 

“En el hospital donde trabajo fui el que lanzó la consulta virtual. La pandemia aceleró un proceso que se veía venir y muchos advertimos que ese camino era el de la telemedicina y que tenían que cambiar los modelos de prestaciones médicas”, explica Albarracín.

En España, comparte el hematólogo con BORDER, subieron las consultas virtuales y bajaron las presenciales. “La gente tuvo miedo de concurrir a los hospitales y esos pacientes parece como si hubieran desaparecido. La consecuencia del ‘Quedate en casa’ es que la gente dejó de ir a las consultas y subió del 4 al 8% las muertes de infarto agudo de miocardio en Argentina”, considera Albarracín.

“La teleconsulta llegó para quedarse y cuando se reglamente en una ley en todo el territorio nacional va a ayudar a obligar a la adecuación de todas las instituciones públicas y privadas, ya que vimos intentos de privados de no pagar lo mismo la consulta presencial que la virtual”.

En Mendoza, cuenta Albarracín, fueron los mismos pacientes los que solicitaron el modelo de consulta virtual para poder acceder a sus médicos.

“Veo con mucho optimismo la aplicación de esta ley y la posibilidad de empezar a cobrar algo que durante mucho tiempo lo hicimos gratis”, evalúa el hematólogo. 

Verónica Sabelli, es endocrinóloga, tiene un consultorio en el que trabaja con prepagas y sanatorios privados. Antes de la pandemia atendía en promedio a 20 pacientes en cuatro horas, ahora con suerte atiende de forma virtual a tres. 

“Cuando podes tener tu consultorio recibís un honorario muy bajo de las empresas prepagas. Hay una o dos que pagan entre 500 0 600 pesos y el resto es todo para abajo, algunas pagan 190 pesos a un profesional por la atención. De ese valor tenes que descontar las retenciones, porque uno es monotributista y también el alquiler del consultorio”, revela Sabelli.

Cuando comenzó la cuarentena, muchos profesionales de la salud que trabajan como prestadores con las prepagas o las obras sociales se encontraron sin respuesta ante la necesidad de seguir atendiendo pero con la imposibilidad de abrir el consultorio, que a pesar de no estar funcionando deben seguir pagando alquileres, cuentas y salarios en caso de tener a alguien empleado. 

“Al principio de la cuarentena lo que sucedió fue que el 100% de las consultas se cancelaron. Mi facturación pasó a ser cero, y sé que a todos mis colegas les pasó lo mismo. Durante todo marzo no sabía cómo mis pacientes iban a ser controlados, algunos me mandaron mails pero eso yo lo hice de forma gratuita, no había contemplación de la situación”, relata con angustia la profesional.

Y agrega: “Cuando habilitaron las consultas virtuales nos dijeron que cada prepaga se lo iba a pagar al prestador pero quizás no al 100%. Los pagos demoran unos 90 días, y no sé si recibiré el 60% o 70% del valor total de la consulta presencial. Ningún médico sabe cómo será el cobro de las consultas virtuales”.

“Se nota que hay una laguna, no hubo ni hay un mail o una carta donde la empresa explique lo que está ocurriendo con los médicos particulares”, plantea. 

Agustín Languasco es médico clínico y jefe de una de las salas de internación de CEMIC en Buenos Aires. En comunicación con BORDER cuenta que su tarea tiene mucho que ver con la gestión y que desde hace dos años viene estudiando el problema de la monetización de la teleconsulta. 

“La gran contra es que los financiadores no tenían ganas de pagar teleconsultas por miedo a no poder controlarlas, por otro lado tenía oposición por las sociedades médicas sobre todo en lugares donde son muy cerradas, lo veían como una amenaza”, analiza Languasco.

Además de la limitación de no tener un examen físico (aunque en muchas consultas no son necesarios), otro contratiempo era la prescripción de medicamentos y la entrega de las recetas. “En estas circunstancias se generaron vías para intentar paliar la situación, hoy casi todo el mundo te acepta recetas con fotos de whatsapp, es una medida súper precaria e insegura en su práctica que es solamente para zafar la coyuntura”, explica el profesional.

Sobre la actitud de las prepagas, Languasco asegura que “los financiadores están mirando para un costado”, y plantea: “Es una buena oportunidad para rever cómo son las consultas médicas en Argentina”.

Coincide con Sabelli en la devaluación de la prestación del médico y añade: “Muchos cobran 300 pesos por consulta, que hoy en día son dos cafés”.

El gran interrogante es qué pasará hacia adelante, una vez que pase la urgencia y la circunstancia excepcional del coronavirus y qué ocurre con el sistema de salud pasada la pandemia. 

“El sistema de salud de Argentina está bastante quebrado, de esta situación va a salir más quebrado, y los debates se están retrasando y no le va a quedar más remedio que replantearse muchas cosas”, concluye Languasco.