La semana que viene vamos a pagar el primer del bono [para los trabajadores de la salud] al que nos habíamos comprometido, y que se dilató por cuestiones de ordenamiento nuestro y burocráticas”, dijo anoche Alberto Fernández en un momento incómodo de la conferencia de prensa en la que anunció la prórroga de la cuarentena hasta el 28 de junio. El sector laboral más expuesto al coronavirus no cobró el diferencial extraordinario prometido por el Presidente.

El 26 de marzo, ya dentro del aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia, Fernández firmó un decreto que estableció el pago de una “Asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios” para trabajadores en relación de dependencia que presten servicios en centros asistenciales de salud en los sectores público, privado y de la seguridad social. Profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes están incluidos en esta compensación, que consiste en cuatro cuotas de 5.000 pesos, por las tareas prestadas en abril, mayo, junio y julio.

En sus fundamentos, ese decreto resalta la mayor exposición del sector al riesgo de contagio respecto del resto de la población, así como lo esencial de su labor “para alcanzar los objetivos de mitigación y los protocolos de actuación” definidos por el Ministerio de Salud. “Desde tiempos inveterados –continúa– se ha destacado y reconocido en todo el mundo la calidad, el empeño y la dedicación que desarrollan los trabajadores y las trabajadoras de la salud de nuestro país”.

Sin embargo, más de dos meses después, el grueso de quienes más le ponen el cuerpo a la emergencia sanitaria sigue esperando el dinero. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) publicó este jueves en su sitio web que, “según información confirmada por autoridades oficiales, hubo un error de carga de datos en el 25% de los 431.000 beneficiarios del bono estímulo, unos 120.000 trabajadores que no percibirán esta suma extra”.

El cobro está sujeto a una engorrosa carga de datos de los planteles de trabajadores mediante declaraciones juradas, y el Presidente atribuyó la demora en el pago a cuestiones “de ordenamiento y burocráticas”. El titular de Fesprosa, Jorge Yabkowski, había adelantado a #BORDER: “Al parecer, luego de trámites en Afip y Anses, estaría la primera cuota antes del 10 de junio”.

Vulnerables

Como contó este medio, los trabajadores sanitarios afrontan la crisis en gran fragilidad. Desaparecieron los escraches a médicos y enfermeros en edificios, y los aplausos se deshilachan noche a noche. Pero la exposición a la emergencia en condiciones inseguras se mantiene: de acuerdo con un relevamiento gremial, ya cuentan en sus filas con al menos 1.700 infectados y 11 fallecidos.

Aparte de la falta de elementos óptimos de protección para el trabajo o de su calidad, una fuente de reclamos desde el inicio de la cuarentena, las tensiones y peripecias que vive el sector son constantes. Esta semana, por ejemplo, las autoridades del hospital San Bernardo de Salta (el más importante de esa provincia, que tiene casi 2.000 trabajadores y recibe cientos de pacientes por día) tuvieron que desplegar un operativo exprés de aislamiento, seguimiento de contactos y testeos, por una persona que dio positivo de covid-19 después de haber sido intervenida quirúrgicamente allí. Según se supo después, se trata de un caso que dio primero negativo –por eso se hizo la cirugía– y luego positivo.

Otro sector muy expuesto y del que se habla poco y nada es el de los médicos legistas; sólo en la provincia de Buenos Aires se contagiaron dos: uno de ellos se desempeña en la morgue policial de La Plata y el otro en la de Quilmes; este último no tenía síntomas, pero se autoaisló porque había tenido contacto con casos sospechosos por fuera de la Policía Bonaerense, en un hospital donde también trabaja, y dio positivo.

Por otro lado, existe una incipiente judicialización a médicos en este contexto que preocupa al gremio. En distintas provincias surgieron acusaciones a profesionales por presuntas negligencias que habrían determinado la propagación de contagios. Se trata de un delito federal que viene motivando varias causas en todo el país, entre ellas, el expediente que investiga el opaco funcionamiento de una clínica privada de Vicente López prestadora de PAMI, donde la falta de aplicación de los protocolos más elementales está detrás de un foco de al menos 36 enfermos y dos fallecidos por covid-19.

Una de las líneas de esta compleja investigación, precisamente, son las condiciones de higiene y seguridad en las que tenía que trabajar el personal sanitario en una pandemia, sin acceso a medidas y elementos de protección, probablemente para abaratar los costos de funcionamiento y “maximizar las ganancias de la institución”, según consideró en su dictamen el fiscal del caso, Fernando Domínguez.

En reclamo del bono prometido y también “contra la persecución judicial”, los trabajadores de la Salud harán una jornada nacional de lucha el próximo martes 9 de junio. Habrá asambleas y movilizaciones en varias ciudades del país.