El Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, amedrentaba a sus empleados con frases como «Hay que llevarse puestos a los que nos dificultan El Progreso», «Así suelen terminar los que se meten conmigo» y «Me lo enseñó Hannibal Lecter», que publicaba en sus estados de la aplicación WhatsApp.

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El material -al que accedió Border en exclusiva- incluye dos filmaciones que datan de marzo de 2019, en las que se lo ve a Ferrari mientras practica tiro en su casa del Delta, en la localidad bonaerense de Tigre: «Espere, doctor. Más atrás», le pregunta el hombre que graba el video. «¿Estás filmando?», insiste el letrado.

Luego, empieza un desopilante diálogo entre ambos en el idioma italiano. Finalmente, el fiscal dispara a un bidón de agua.

En la otra grabación, el abogado tira cuatro veces, para luego agradecerle a su asistente por ayudarlo a registrar ese momento.

 

Imágenes

El 10 de diciembre de 2019, día de asunción del presidente Alberto Fernández, el excéntrico letrado compartió una serie de fotos en su «estado», acompañadas de los siguientes textos: «Arrójame a los lobos… Y volveré…. Liderando la manada», y «Tardo en arrancar, pero cuando tomo carrera…».

También aparece una dedicatoria especial al filósofo político Nicolás Maquiavelo. «Era un buen tipo…solo que realista…». Esto fue acompañado con una imagen de su celébre y polémico libro «El Príncipe». Además, en otras capturas, reluce una tenebrosa calavera, y el propio Ferrari con guantes de box.

Hace menos de dos semanas, Ferrari presentó una denuncia contra el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y otros cuatro jueces, por “habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP (causas) con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios”.

Fiscal lomas de zamora

Calavera

En posición de combate

En posición de combate

Fiscal Lomas de Zamora

Fiscal Lomas de Zamora

¿Quién es Enrique Ferrari?

Llegó a su cargo en 2013, impulsado por Julián Álvarez, ex secretario de Justicia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Álvarez es uno de los fundadores de la agrupación política La Cámpora, y miembro de la Asociación Civil Justicia Legítima.

En 2018, su fiscal adjunto, Sebastián Scalera, tomó notoriedad por investigar al sindicalista Pablo Moyano, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Scalera incluso pidió, sin éxito, su detención.

Tras el cambio de administración, Ferrari desactivó el área, y desplazó a su empleado y a otra fiscal adjunta, doctora Mirtha Noemí Gianella.

Ambos denunciaron haber sufrido acoso laboral que terminó por desarmar la unidad de coordinación de investigaciones criminales adonde se nucleaban las causas que afectaban a Pablo Moyano. Al desarmar esa unidad, cada causa volvió a su juzgado de origen y el hijo del histórico dirigente camionero se quedó tranquilo, sin chances de ser detenido -como quería Scalera- por las escuchas que lo involucraban con miembros de la hinchada de Indepediente.

Todo esto ocurrió en 2018. Más tarde, los Moyano visitaron al Papa Francisco y denunciaron un ataque del macrismo. Hicieron paros, reclamos en paritarias de subas de hasta el 40 por ciento.

En base a las conductas irregulares de Ferrari, el procurador de la Provincia Gustavo Conte Grand, pidió que licenciaran al fiscal y luego presentó ante la Corte Suprema bonaerense un jury de enjuiciamiento que todavía está siendo analizado.

¿Juego de espías?

El portal Infobae reveló que Hugo y Pablo Moyano fueron seguidos por la Agencia Federal de Inteligencia en 2018, en el marco de la «Operación camión señor». La causa la investiga el juez Federico Villena, también de Lomas de Zamora, quien hoy quedó apartado en a causa de espionaje en la que ordenó una veintena de detenciones de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri basado en una ampliación de indagatoria del narcotraficante Sergio «Verdura» Rodríguez.

Rodríguez declaró -en esa indagatoria- que había espíado el Instituto Patria por pedido de la AFI que dirigía Gustavo Arribas con el argumento de una amenaza de ataque internacional contra la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la reunión por el G20.

Como Villena había autorizado la operación quedó inhabilitado para investigar el presunto espionaje ilegal, dado que estaría más próximo a ser imputado que investigador. El caso, que tiene como principal víctima a Cristina Fernández ahora quedó en manos del juez Juan Pablo Augé.