Desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se iniciaron 159 sumarios a efectivos de la Policía Bonaerense por denuncias de abuso de autoridad, violencia o inacción, según respondió el organismo a un pedido de información de #BORDER. De estos sumarios, 12 corresponden a hechos presuntamente cometidos por policías contra menores de edad.

Los hechos atribuidos a policías que motivaron estos sumarios incluyen apremios ilegales, intimidación y amenazas, uso abusivo de la fuerza, inacción policial y homicidios en enfrentamientos. Por el momento ninguno tiene imputados. Desde el organismo que hoy conduce el Auditor Darío Ricardo Díaz explicaron ante la consulta de #BORDER que se encuentran en plena investigación pero, “debido a la pandemia de covid-19 no se pueden tomar declaraciones indagatorias a los efectivos denunciados. Por lo tanto, en resguardo de sus derechos y hasta que no se pueda realizar esta primera posibilidad de defensa, no se ha imputado a ningún efectivo”.

Lo cierto es que, en la provincia de Buenos Aires, la recepción de declaraciones en distintos procesos se viene llevando adelante pese a la cuarentena, al menos en el ámbito judicial. Se la implementa de manera dispar, con muchas audiencias resueltas por videoconferencia y otras que se concretan de manera presencial.

Los homicidios cometidos por policías en enfrentamientos –pan de todos los días en las noticias de medios provinciales– son el objeto de parte de las 159 Instrucciones Sumariales Administrativas (ISA) de Asuntos Internos abiertas desde el 20 de marzo hasta el fin de junio. Otras investigan desde persecuciones letales a infractores de la cuarentena hasta mala conducta de jefes policiales en controles policiales. Pero el compendio de abusos registrados en este contexto de entrega de mayores facultades a las fuerzas de seguridad es amplio.

 ALGUNOS CASOS            

En Necochea, en abril, un chico de 18 años que salió a hacer mandados terminó perseguido y acusado de tenencia de estupefacientes y violación de la cuarentena, contó el sitio local Noticias de Necochea. Según reconstruyó su familia, los policías se metieron en su casa sin tener orden judicial ni cumplir pauta de seguridad alguna –incluso sin llevar barbijo, que es obligatorio en los protocolos para el despliegue operacional de la Bonaerense durante la pandemia–, y también lo golpearon.

En mayo, en esa misma ciudad costera –que estuvo en boca de todos por un mediático baby shower asociado a una supuesta cadena de contagios de covid-19–, un adolescente salió a llevar a reparar su computadora y cuando volvía dos policías se bajaron de un patrullero, le pidieron datos personales, le dijeron que podía afrontar una causa judicial y le sacaron una foto de espaldas. Esto se repitió en el caso de otra joven de Necochea que, después de salir a hacer compras y tener que mostrarle a la Policía los tickets, fue fotografiada: “Sin mediar palabra, ni avisar, ni pedir, nos sacaron fotos con el celular, sin decirnos para qué lo hacían”, contó ella al mismo medio digital necochense.

Los sumarios de Asuntos Internos pueden abrirse de oficio por denuncias de particulares o anónimas, o como resultado del convenio colaborativo que existe entre los fiscales provinciales y la Auditoría. Muchos de los iniciados en este periodo (siempre por abuso de autoridad, violencia o indiferencia policial, excluyendo casos de corrupción policial) se derivaron de presentaciones de ONG u organismos estatales.

Por ejemplo, en el partido de Saladillo, en un operativo por violación de la cuarentena a mediados de junio un patrullero persiguió y chocó la moto en la que iban dos jóvenes. Ambos cayeron al suelo y, antes de que uno de ellos pudiera pararse, un policía le disparó tres veces con postas de goma, según reseñó en su sitio web la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que denunció el hecho en la justicia penal y en Asuntos Internos, para pedir que los policías sean investigados administrativamente y desafectados mientras tramita ese sumario.

La víctima de los disparos quedó inconsciente y terminó en el hospital de Saladillo; su compañero quedó detenido y los policías le llegaron a decir que su amigo se había hecho “el muertito”. El episodio incluyó visitas sin orden judicial a los domicilios de estos jóvenes, con “el único objetivo de amedrentar y hostigar a las víctimas”, según la CPM. Se abrió una causa judicial por presunto “abuso autoridad, abuso de arma, lesiones y abandono de persona”.

Otro de los hechos fue en el partido de San Nicolás. En la madrugada del 1º de junio dos jóvenes iban en moto cuando se toparon con un operativo cerrojo que intentó identificarlos porque estaban violando el decreto de aislamiento. Según relata la CPM, por temor a que le secuestraran la moto, Corbalán aceleró, comenzaron a perseguirlo, “un patrullero que venía de frente y sin las sirenas ni luces azules prendidas se cruza de carril intencionalmente para cerrarles el paso”, y chocaron. Los jóvenes salieron despedidos y golpearon contra el asfalto; ambos murieron y hay una causa judicial por presunto “doble homicidio culposo”.

Las ISA pueden conducir a sanciones al personal policial o terminar archivadas. En su curso, los acusados están expuestos a que se los ponga en disponibilidad, lo que implica la retención del 50% de su salario y puede ocurrir independientemente de que hayan sido indagados o no. La Auditoría, según informó a #BORDER, trabaja en la continuidad de otras 39.000 ISA abiertas en la gestión anterior.

 LA BONAERENSE EN LA PANDEMIA

La Bonaerense tiene casi 90.000 agentes, pero su llamada “fuerza efectiva” se concentra en 40.000 de esos hombres y mujeres. De ellos, 30.000 están hoy en la trinchera: operativos varios, controles de circulación por el covid-19, custodia de presos de comisarías (sumaban 4.000 al inicio del aislamiento), de bancos y de los 67 hospitales públicos (esto último absorbe a 300 agentes por día).

Ante la pandemia, el ministerio de Seguridad provincial dotó a Policía con equipamiento “de barrera” (guantes, barbijos, máscaras y botas, en parte comprados y en parte, donados) y aisló preventivamente a 600 policías: a 150 de ellos por su edad y a 450 porque tenían otras patologías. Los reemplazó en la calle con efectivos sanos, pero muchos son recién egresados que arrastran la fatiga del Operativo Sol, sin haber tenido descanso desde el verano.

La Provincia también montó una suerte de hospital de campaña en la Escuela Juan Vucetich (La Plata) para el aislamiento de los agentes que van contrayendo el COVD-19, creó un call-center con psicólogos para atender consultas de policías, y bajó a las comisarías una serie de protocolos básicos para el despliegue operacional.

Esos reglamentos, a los que accedió #BORDER, ordenan usar elementos de protección, desinfectar calabozos y guardar distancia de dos metros respecto de personas y cadáveres. Prohíben subir a los móviles a casos sospechosos de covid-19. Y abarcan pautas de seguridad para la entrega notificaciones domiciliarias, la práctica de autopsias en las morgues de la Policía Científica, las detenciones (deben incluir barbijos para policías y detenidos) y el ingreso a viviendas de posibles fallecidos por la pandemia.

Expuesto al virus por su labor esencial y sin capacidad para hacer testeos intrafuerza, el universo de la Bonaerense no ajeno al temor de contagios que envuelve a cárceles y hospitales. En la memoria institucional, además, está muy presente la epidemia de la fiebre amarilla, que en pocos días de 1871 se cobró 49 vidas –la mayoría, tropa de bajo rango– de la entonces Policía de Buenos Aires.