IOMA se encuentra en el ojo de la tormenta hace varias semanas. La obra social de la Provincia de Buenos Aires viene acarreando problemas y reclamos desde diferentes gremios bonaerenses desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, a contracorriente de las quejas, los directivos de la entidad pública se preparan para financiar por 400 millones de pesos mensuales a más de 190 clínicas privadas a partir de esta semana.
Que el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) tenga problemas no es novedad. El retraso en el pago de las prestaciones y en la entrega de medicación son problemas estructurales que acarrea la institución desde hace décadas y que aún se mantienen. Lo llamativo es que dichos problemas parecieran no ser prioridad para la nueva administración ya que la misma está por desembolsar 400 millones de pesos para la “propuesta de sustentabilidad del sistema sanatorial”.
Este proyecto fue presentado por el gobernador Axel Kicillof el pasado 10 de junio aunque no cobró mucha relevancia mediática. De acuerdo al ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, el destino de esa millonaria suma al sector privado es “para el pago de insumos y salarios”. De acuerdo a los funcionarios, el objetivo es “mantener las establecimientos en condiciones óptimas de actividad para hacer frente a la pandemia” debido a la merma de ingresos que experimentó el sector privado a partir de abril.
“Nuestra obra social no puede ser la caja de los gobiernos de turno”, denunció la presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Marta Márquez. Para la referente sindical, “hay muchas cuestiones que había que atender” en el funcionamiento de IOMA antes de “disponer dinero para el salvataje de la salud privada”.
Pero el presidente la obra social provincial, Homero Giles, tiene una perspectiva diferente. Para él, lo que se piensa hacer a partir de esta semana no es un salvataje, sino “dar una suerte de adelanto prestacional”. De acuerdo a lo explicado a este medio, IOMA tiene “un presupuesto asignado para pagar las prestaciones para las clínicas en las que se atienden los afiliados”.
“Como se ha gastado menos de lo que se tiene asignado para estos meses y como son clínicas que en promedio el 60 por ciento de la facturación depende del IOMA lo que estamos haciendo es adelantar el pago de prestaciones”, explicó Giles quien también aseguró que la entidad estatal “tiene el presupuesto” para llevar este plan adelante.
Sin embargo, desde la bancada bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) se mostraron escépticos ante el proyecto: “Anuncian fondos de recuperación de clínicas y sanatorios multimillonarios y no se recomponen los honorarios de los médicos que están en la primera línea de lucha frente a la pandemia”, cuestionó la diputada Alejandra Lorden.
Es por este motivo que la diputada radical envió un “proyecto de solicitud de informes” al poder Ejecutivo que entre otras cuestiones detalle: el presupuesto total destinado, las garantías de recupero del mismo, el listado de instituciones seleccionadas, los montos destinados a dichas instituciones y los criterios de selección utilizados.
El conflicto platense
Este no es el único conflicto que involucra a la obra social. De manera paralela a lo anterior, en la ciudad de La Plata la tensión entre IOMA y el sindicato médico más importante de la capital provincial, la Agremiación Médica Platense (AMP), no dejó de crecer. Denuncias de defraudación, falta de pagos y de aumentos salariales son algunos de los temas tocados.
“No somos caídos del catre, sabemos bien lo que es trabajar con IOMA, siempre fue la que peor pagó”, denunció el secretario de la AMP, Gastón Quintans. La organización gremial de la que es parte se encuentra en un conflicto que terminó de explotar tras la denuncia a finales de junio por parte de la obra social a doce médicos y a la propia agremiación. ¿La razón? Una presunta defraudación en la facturación por un valor aproximado de ocho millones de pesos.
La denuncia a la Justicia fue tomada como una medida “extorsiva” por parte de los miembros ya que poco antes de que la denuncia trascendiera en los medios, ambas partes estaban negociando un plan de contingencia, similar al que se aplicará a las clínicas privadas. Otro razón radica en que de acuerdo a Quintans, las auditorias en caso de irregularidades son “responsabilidad de quien paga las prestaciones”, es decir IOMA, y no de la AMP, que funciona solamente como “intermediario”.
En diálogo con #BORDER, el presidente de IOMA aseguró que en las auditorias que realizaron encontraron pruebas de una “estafa muy clara” y en donde aparece “un patrón” que “pone en duda” el desconocimiento de la entidad médica de estas actividades, de ahí la denuncia judicial.
“La agremiación recibe un beneficio económico por cada facturación del médico, nosotros les pagamos el 1 por ciento por facturación, tiene que ser responsable con eso. Si la AMP factura una cosa que no se cumplió está percibiendo un beneficio económico por esa prestación que no se brindó y que el médico facturó”, explicó Giles para este artículo.
En contraposición, Quintans aseguró que “no existe la capacidad” que desde el organismo estatal “les piden” para realizar las “auditorias, verificación de firmas y consultas” a los 300 mil afiliados a IOMA en La Plata que tienen al gremio como nexo, entre otras razones porque “no se tienen esos datos” ya que pertenecen a IOMA.
Desde hace tres semanas las marchas en el centro de La Plata de los médicos y afiliados son moneda corriente. El temor a que esa denuncia sea una punta de lanza para que la nueva administración intente “pamizar” al Instituto a través de la eliminación de la posibilidad del afiliado de elegir a su médico es un temor recurrente desde la entidad médica a pesar de que eso requeriría un proyecto legislativo que diputados de Juntos por el Cambio (JxC) ya han aclarado a este medio que “no van a dejar pasar” si se presenta.
La aspereza entre ambas partes para llegar a un acuerdo llegó a su cenit el 9 de julio cuando en conferencia de prensa el presidente de IOMA Giles anunció el fin del vínculo con la organización medica. Sin embargo, de acuerdo a lo explicado a #BORDER, lo único que se ha hecho con esta medida es “prescindir de la Agremiación Médica Platense como agentes pagadores”.
“Al mantener el convenio y la red prestacional logramos que todos los médicos que estaban en el marco de ese convenio así como las reglas de ese convenio sigan estando vigentes, por lo que los médicos siguen siendo prestadores”, aseguró Giles.
Sin embargo, a pesar de las promesas que se realizaron esto no se reflejó todavía en la práctica. Ya han aparecidos quejas de afiliados a los que no se les reconoció su afiliación y han tenido que pagar como particular como así también demoras en la retribución de prestaciones por parte de los médicos que datan desde hace meses.
Desde JxC se hicieron eco de las denuncias del gremio platense y las mismas se intensificaron luego de que trascendiera el cese del vínculo entre las partes. De acuerdo a la diputada Lorden, un convenio de “larguísima data” no puede “caer de manera tan prematura”.
Además, cuestionó la posibilidad de que sin una “asociación gremial fuerte” sea posible el cumplimiento de la “recomposición de honorarios” y de la aplicación de un “nuevo nomeclador”, entre otros reclamos de larga trayectoria.
“Nosotros tenemos un rol social con el médico, todo el trabajo administrativo que hacemos es lo que el médico reconoce. Imaginate 5 mil médicos tratando de anotarse de manera individual en IOMA, se vuelven un paciente más”, problematizó Quintans sobre el futuro de los médicos sin el respaldo del sindicato.