En momentos en que el oficialismo tensa la cuerda con Edesur y hasta amenaza, en forma velada, con una estatización por severos incumplimientos, se conoció un ambicioso Plan Quinquenal de Energía que prevé, sólo para obras urgentes en expansión eléctrica, una inversión de 1400 millones de dólares, la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta el sur de Brasil y la planta nuclear Atucha 3 mediante un convenio con China.

Puertas adentro del gobierno, la filtración del «Programa Federal Quinquenal de expansión en Obras de Infraestructura Energética», se vincularía a la interna rodea al secretario de Energía, Sergio Lanziani, enfrentado con el ministro de Producción, Matías Kulfas, y a quien algunas fuentes ven «afuera» del gabinete en lo inmediato. «Está afuera hace 3 meses. Si sigue así, termina mandato», bromeó una fuente gubernamental acerca del funcionario que no ocupa las oficinas del Palacio de Hacienda, sino que «está recluido» en la sede de Nucleoeléctrica, en Villa Martelli (Vicente López).

Un dato curioso del documento preliminar de Energía, es que debajo del título se lee «Gobierno Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner», que pone al presidente y a su vice, literalmente, como cabezas de un «Ejecutivo bifronte». Generalmente, el vicepresidente ocupa un rol menor en la presentación de los planes oficiales. No deja de llamar la atención, tras varios episodios de «fuego amigo» hacia el jefe de estado, ejecutados por referentes del kirchnerismo duro.

Volviendo a Nucleoeléctrica, justamente, esta firma estatal es la que impulsa la construcción de la tercera central atómica en el complejo Atucha de la localidad bonaerense de Lima, según el programa citado. Sería del tipo PWR de última generación, «que incorpora lecciones aprendidas de Fukushima» (por el accidente de 2011 en una planta japonesa); generaría 1200 MW de energía; y sería financiada por China con una inversión de 7900 millones de dólares. El informe fija como prioridades «obtener la priorización del proyecto por parte de la Secretaría de Asuntos Estratégicos», que conduce el influyente Gustavo Beliz, de buenos vínculos con funcionarios de Estados Unidos, que hoy libran una «guerra fría» con la potencia asiática.

Pero más allá de los eventuales lobbies, el Plan Quinquenal prevé millonarias inversiones para mejorar el transporte y distribución eléctrica, y la ampliación de los gasoductos: Energía sostiene que las redes de transporte de electricidad y gas están saturadas, y que la expansión permitirá el crecimiento del país en la pospandemia.

Vaca Muerta

Uno de los puntos más ambiciosos es la construcción del «gasoducto federal» que enlazaría el yacimiento de Vaca Muerta con el sur del vecino país. Propone una alternativa al proyecto licitado por Mauricio Macri, al proyectar su partida desde el complejo neuquino hacia «el nodo San Jerónimo» con posibilidad de extenderse hasta Brasil. Este nuevo ducto troncal permitiría desarrollar nuevas industrias, abastecer localidades que hoy no tienen suministro, o sustituir combustibles alternativos de las centrales térmicas.

Este capítulo del Plan Quinquenal incluye un análisis de YPF que, en base a lo concluido por la consultora Gas Energy, desaconseja tamaña inversión. «No ven viable su construcción. Entienden que en el período que se hagan los estudios y permisos correspondientes, más el periodo de construcción, el mercado ya va a estar más maduro y se habría perdido la oportunidad», indica, al tiempo que admite que Vaca Muerta «es competitiva respecto de la situación actual, pero Bolivia tiene posibilidades de reducir el precio de su gas dado que son desarrollos convencionales». Traducido, mercados extranjeros opacarían su potencia exportadora.

«Expropiese»

El Plan Quinquenal filtrado por Energía también menciona obras urgentes para mejorar la distribución del suministro eléctrico en el el AMBA, que son vistas «como una solución de distintos problemas en el norte y en oeste de la provincia de Buenos Aires», zonas densamente pobladas, donde «dos de las subestaciones más importantes del sistema (Ezeiza y Rodríguez) presentan niveles de potenciales cortocircuitos tan elevados que una falla próxima podría derivar en daños de consideración en instalaciones, cortes de suministro prolongados y costosos». Los proyectos «Prioridad 1» prevén una inversión de casi 1400 millones de dólares. Si se los sumara a las otras dos etapas previstas, el presupuesto ascendería a más de 3100 millones de dólares.

Semejante friolera de recursos plantea interrogantes sobre su financiación. «No hay ni plata ni voluntad para hacer esto. Y hay otras cuestiones importantes: a Alberto se le vencen las concesiones hidroeléctricas del sur que se privatizaron por 30 años durante el menemismo. Y también vence en este mandato la Hidrovía», expresó una fuente del oficialismo, que siguió de cerca los pasos del jefe de estado durante la campaña 2019.

Si bien la licencia de la Hidrovía caduca el año próximo, las de las represas terminan entre 2023 y 2025. Se trata de las centrales El Chocón, Alicurá y Pichi Picún Luefú, esta última, administrada por Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin, cercano al macrismo pero que hace un mes recibió un guiño de Alberto Fernández en un acto oficial.

Acerca de las versiones sobre una presunta intervención oficial en la distribuidora Edesur, la calificada fuente consultada solo deslizó, enigmática, que «están en carpeta 3 empresas (para ser estatizadas). No digo que sean eléctricas. Son empresas del estado de áreas sensibles e importantes». Habrá que seguir este relato en marcha: la aventura de la expropiación de la cerealera Vicentin aún no logró despegar.