Un centenar de las empresas más grandes de la Argentina se benefició directamente del programa lanzado por el Gobierno cuando transcurría la etapa más dura de la cuarentena dispuesta para frenar la propagación del coronavirus, y de este modo aliviaron en más de $ 5200 millones sus gastos en personal.
A mediados de abril, el Ejecutivo al mando de Alberto Fernández lanzó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (conocido en el argot político como “ATP” a secas), con el que subsidió, solo en su primera etapa, en forma indirecta al menos a 253.000 empresas que pudieron postergar o reducir el pago de contribuciones patronales (el aporte de los empresarios al sistema de jubilaciones, pensiones y AUH), o bien en forma directa al cubrir la mitad de los salarios de sus trabajadores, con un tope por empleado de $ 33.750 (dos salarios mínimos).
Aunque el programa fue concebido con un carácter progresivo, y el 99% del universo beneficio se compone de pequeñas y medianas empresas (pymes), una tercera parte la montaña de dinero invertida por el Estado para aliviar la crítica situación en la que entró la economía en abril fue en favor de las grandes corporaciones, que empleaban en abril a unos 600.000 beneficiarios (26% del universo de 2,3 millones de alcanzados).
En la primera ronda del ATP, la más amplia puesto que pagó los sueldos de abril (en los primeros días de mayo) y cuando prácticamente la economía formal operaba el 40% de su capacidad, las grandes corporaciones que más ayuda recibieron pudieron descargar parte del pago de sueldos de 244.550 personas de sus plantillas. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo, el aporte promedio por empleado fue de $ 21.426, con lo que estas firmas habrían ahorrado $ 5.239 millones, solo en la primera ocasión.
AL RESCATE DE LAS CADENAS DE COMIDAS
La empresa más beneficiada con el ATP fue Arcos Dorados, la sociedad detrás de las sucursales de McDonald’s. Se trata del mayor operador de restoranes de América latina, y solo en el país, cuenta con 220 locales. Exactamente, 13.765 empleados cobraron gracias a la ayuda del Estado, y ninguna otra firma fue tan auxiliada como la mayor cadena de hamburguesas del mundo.
El cierre compulsivo de las cadenas de comida, uno de los eslabones del sector gastronómico, también llevó a Burguer King, Mostaza, Havanna, Starbucks, KFC y Wendys a pedir ayuda. Fast Food Sudamericana (Burguer King) tuvo aportes para 4726 emplados, Mostaza y Pan S.A. para 1052, Havanna S.A. para 1164, Starbucks Coffee Argentina S.R.L. para 1779, y Degasa S.A. (KFC, Wendys y China Wok) para 1228.
Necesidades de ricos
Del centenar de empresas que más asistencia recibieron, figuran una veintena de las sociedades más acaudaladas de la Argentina, según el ranking de facturación anual que elabora Mercado. La primera de ellas es Swiss Medical (Top 26 de la revista), que obtuvo ayuda para 8494 empleados, seguida de Galeno, del empresario Julio Fraomeni (28° en ingresos), que tuvo asistencia para 6170 empleados.
En el caso de las prepagas, en muy impresionante que las consultas en consultorio disminuyeron significativamente en la pandemia, la cuota se sostuvo y las carencias en las coberturas de prótesis y tratamientos para personas con discapacidad inundan las redes. Un tema aparte.
Le siguen la constructora AESA y la surtidora de nafta Opessa (5791 y 4484 trabajadores), que pertenecen al holding YPF, y continúan las automotrices Volkswagen (5128 empleados) y Toyota (5120), ambas visitadas por Alberto Fernández cuando reabrieron sus puertas, a fines de mayo.
El listado continúa con las empresas del ítalo-argentino Paolo Rocca: Ternium y Siderca y Techint (10975 entre las tres). Sin embargo, el magnate decidió devolver la plata al conocer las restricciones que habría para el reparto de utilidades y el acceso al mercado de dólares, además de los proyectos que el kirchnerismo duro impulsó para tomar parte de las acciones de empresas asistidas. Tanto no la necesitaba.
Le siguen Garbarino (3328), Molino Cañuelas (recibió para 2826 empleados y ostenta una millonaria deuda con entidades financieras); Aeropuertos Argentina 2000, del empresario y vicepresidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Eurnekian (2590), Acindar (2487), y nuevamente las terminales de autos Renault (2369), Peugeot Citröen (1791), General Motors (1695) y Mercedes-Benz (1606).
El ranking de las más poderosas cierra con la controvertida Vicentin S.A.I.C. que en abril obtuvo ayuda para pagar 1259 sueldos de su personal de planta, mientras continúa en la Justicia el epílogo de su concurso de quiebra, ahora sin la intervención del Ejecutivo pero con todos los mecanismos del Estado (su principal acreedor) para recuperar la deuda.
Un respirador para las empresas de salud
El Top 100 de las compañías a las que el Estado les cubrió más salarios tiene 25 firmas prestatarias de salud, ya sea como prepagas privados u obras sociales ligadas a sindicatos. Además de Galeno y Swiss Medical, la firma con más ayuda de este sector fue el Hospital Italiano, que emplea a 7023 trabajadores cuyos sueldos se pagaron en mayo con el ATP.
La lista de nombres incluye prepagas y sanatorios de renombre, como Omint, Hospital Alemán, Hospital Británico, Hospital Austral, la Fundación Favaloro, el Sanatorio Otamendi, el Mater Dei y el Sanatorio Güemes, gestionado por la familia del militante radical y armador político Enrique “Coti” Nosiglia. También están en los listados la clínica Iarai S.A. que pertenece al camionero Hugo Moyano.
CERCANOS AL PODER
Aunque la asistencia fue prestada bajo criterios objetivos establecidos en diversas decisiones firmadas por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, no se escapa que la ayuda haya llegado a empresas vinculadas a un bando u otro de la “grieta”.
Por caso, la productora de neumáticos Fate obtuvo ayuda para pagar los salarios de 1949 empleados. Su dueño, Javier Madanes Quintanilla, participó de reuniones con el presidente en Olivos, y defendió públicamente la intención del Gobierno de cobrar un impuesto a la riqueza y, más recientemente, señaló a ciertos empleados que les falta olfato para hacer negocios. Incluso, sugirió que “hay que enseñarles a pescar, no darles el pescado”.
Como al parecer no anda muy bien económicamente, el patagónico Cristóbal López recibió ayuda para pagarle el sueldo a 1500 empleados del Casino Club S.A., la firma con la que explota casas de juego en Comodoro Rivadavia, Posadas, El Calafate, Río Gallegos y otras localidades sureñas. También Electroingeniería, aliada de la china Gezhouba e Hidrocuyo para la construcción de represas sobre el río Santa Cruz, en la homónima provincia, pagó a tiempo a 2096 empleados gracias a la aprobación del fisco nacional, que por otra parte le reclama millones al empresario por retener el impuesto a los combustibles que le ingresó a través de su cadena de estaciones Oil Combustibles.
En la otra vereda, la curtiembre Sadesa, vinculada a la familia de Marcos Galperín y que, de hecho, administra su hermano Miguel, pidió y recibió la contribución del Estado para 1437 trabajadores. Del mismo modo ocurrió con las concesionarias Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste S.A., que sin embargo, se arrepintieron y devolvieron a la AFIP el dinero que pidieron prestado. Ambas firmas están investigadas por la Justicia en la “Causa Peajes”, por maniobras de evasión impositiva, endeudamiento temerario y connivencia con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para obtener cuantiosas ganancias a través del incremento exorbitante que el permiso de paso tuvo en los cuatro años de la anterior gestión.
El caso de Techint y otras empresas cuyos titulares jugaron directa o indirectamente en contra del regreso de Cristina Kirchner al poder produjo malhumor en la vicepresidenta, cuyos laderos exigieron hacer “sintonía fina” sobre la ayuda social. Y así ocurrió: el Gobierno introdujo nuevas restricciones para ya no pagar sueldos brutos mayores a $ 250.000 en la segunda ronda, y luego rebajó el tope a $ 140.000. En la actualidad, solo las compañías de sectores críticos (entretenimiento, cultura, turismo y gastronomía) con más de 800 empleados pueden solicitar el pago de hasta dos salarios mínimos, y para quienes reabrieron, el subsidio se reconvirtió en créditos con tasas blandas. De este modo, se acabó la chequera en blanco.
