“Nos deben julio, nos deben agosto y el aguinaldo” cuenta Gladys Díaz, delegada de ATE en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia. El gobierno provincial adeuda los salarios de los trabajadores de la salud, de la educación y de los judiciales en plena pandemia, y vienen con retrasos desde hace dos años.

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, fue reelegido en las últimas elecciones en el cargo que llevó adelante desde la muerte de Mario Das Neves en octubre de 2017. Desde ese momento, el pago de salarios a los trabajadores estatales se produce de manera escalonada con numerosos retrasos.

Días sostiene que “con el desmantelamiento de la salud pública de los últimos tres años en la provincia, ahora con la pandemia se ven las consecuencias, porque es una cuestión de vida o muerte”. En Comodoro Rivadavia colapsaron las camas de terapia intensiva a principio de septiembre: “eso que pasó en otros países latinoamericanos, en Ecuador, hoy pasa en Comodoro”. Y agrega: “Tenemos 30 camas UTI en la ciudad y hoy anduvo la ambulancia dando vueltas toda la mañana porque no había camas ni en los hospitales públicos ni en los sanatorios privados”.

El coronavirus no solo afecta a los numerosos trabajadores de la salud que sufrieron el virus, sino que también repercutió en los ingresos. Días afirma que empezó con “una factura de 800 pesos en mi celular, hoy es de 5000” por seguir los contactos de covid con dinero propio. No es el único caso: “Me han comentado trabajadores que pusieron plata de su bolsillo para poder realizar hisopados, porque no hay”.

La situación límite llevó a los trabajadores a buscar soluciones alternativas como una nueva ley tributaria provincial y también sanciones al poder ejecutivo. “Nosotros buscamos asesoramiento legal y planteamos el juicio político a Arcioni y varios ministros” comenta Díaz. El gobernador acumula 200 pedidos de juicio político y analizan presentar una revocatoria de mandato “por no responder a los intereses del pueblo”.

El gobierno de Chubut está investigado en varias causas de corrupción, por ejemplo el caso conocido como El Embrujo, que ya tiene sentencia y encontró culpables de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito a numerosos ex funcionarios de Arcioni y Das Neves.

La educación en estado crítico

Abel Ibaceta, delegado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) recuerda cuando empezó esta situación: “En 2018 comenzaron los pagos escalonados por rangos de salarios en distintas semanas del mes, pero con una fecha incierta. Tenemos dos meses adeudados y no tenemos cronograma de pagos para el aguinaldo, solo sabemos que estaban planeando cómo abonarlo hace un mes”.

Chubut es desde hace dos años la provincia más endeudada per cápita del país con más de 700 millones de dólares. Los últimos tres gobiernos acumularon un pasivo que se lleva la mitad de las regalías petroleras de manera automática mes a mes. Esta cláusula que se aplicó al tomar los préstamos como garantía,  imposibilita por un lado mejorar las finanzas provinciales y por el otro renegociar la deuda ya que los acreedores se aseguran el pago.

Esta crisis llevó a que en los últimos tres años sumados, los docentes solo pudieran dictar 180 días de clases por los reclamos de salarios impagos. “Nosotros hemos estado con medidas de fuerza sin ser oídos, este año es el peor con el 2018. Ni siquiera existe un porcentaje real de la cantidad de compañeros que hoy trabajan, estamos con retención de servicios” afirma Ibaceta.

Chubut cambió de ministros de educación en 5 oportunidades durante los últimos tres años. Uno de los que ocuparon el cargo es Andres Meiszner, que hoy lidera la jefatura de gabinete provincial. El ex presidente de Quilmes es abogado y forma parte de la causa por el triple crimen de General Rodríguez. Su secretario, intercambió 668 llamadas con Martín Lanatta, uno de los fugados en 2016 y autor de los asesinatos.

La situación de los docentes empeoró con el transcurrir del tiempo sin cobrar, hoy se ven forzados a que la docencia sea su segundo trabajo. “Muchos al no cobrar sus salarios deben dedicarse a otras actividades, es impresionante como en las redes sociales hay una lluvia de publicaciones de docentes que se están dedicando a otra cosa, venden comida, ropa o sus propios electrodomésticos” describe Ibaceta.

Y la pandemia complicó más la situación. El gremio estima que solo el 30% de los docentes puede llevar adelante la tarea de forma remota. Muchos se encuentran en la disyuntiva de “pagar internet o comer”  afirma Ibaceta. El panorama se completa con una medida “de reordenamiento del sistema educativo”. En medio de la crisis y la pandemia, el 14 de septiembre el ministerio de educación encabezado por Florencia Peralta dio de baja a 2.000 trabajadores de la educación que realizaban suplencias y habían sido mantenidos en sus cargos durante la cuarentena.