El mapa de Argentina está cada vez más pintado de rojo. Es el fuego que no da tregua y se extiende en las áreas más secas del país como si se moviera entre campos regados por petróleo. La histórica sequía en el norte, sumado a los intensos vientos y a los incendios intencionales hacen que en lo que va del año ya se hayan quemado casi 900.000 hectáreas. La cifra que se desprende del informe diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, marca también que al momento 9 provincias tienen focos activos sin control -Córdoba, San Luis, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Neuquén, Santa Fe y Entre Ríos-.

En este contexto, diputadores de la oposición denunciaron en el Congreso que el Presupuesto nacional del año que viene presenta un recorte de hasta el 50% en las partidas relacionadas a combatir los incendios en todo el país. Según un análisis realizado por el equipo de asesores de la diputada Brenda Austin, el dinero destinado en 2019 al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue de $282 millones, elevándose a $441 millones para el 2020 -presupuesto que finalmente no fue aprobado-, pero retrotrayéndose nuevamente a $282.000.000 en el proyecto presupuestario para el ejercicio fiscal de 2021. Esgrimen que seguiría en los mismos niveles que hace dos años, pero con un retraso marcado por la inflación y la devaluación del peso.

«Argentina está yendo a contramano por el recorte de este servicio esencial en momentos de semejantes cambios climáticos y consecuencias como la que vemos día a día», se quejó Austin en diálogo con #BORDER, para luego agregar: «Lo que han presentado es un sinsentido absoluto«. En las últimas horas presentó junto a legisladores de Juntos por el Cambio un pedido formal para que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, asistan al Congreso para dar explicaciones sobre los recortes en el área. De la cartera de Frederic depende el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, del que también se denunciaron quita de las asignaciones.

En términos porcentuales, en el presupuesto de 2019 -vigente hasta el día de hoy por la prórroga del mismo ante la falta de votación del de 2020- la partida para el SNMF representa un 0,0067% de la torta total de la ejecución. Mientras que en el proyecto de presupuesto presentado el 15 de septiembre por el Ministerio de Economía esa cifra desciende al 0,003% del total. Semanas atrás, cuando el fuego se intensificaba en distintas regiones, legisladores de la oposición manifestaron sus recaudos ante estos números y se iniciaron rondas de diálogo para encontrar una salida. Consultados para este artículo, desde el entorno del ministro Guzmán respondieron que no coinciden con los datos publicados en el informe pero que de igual manera están trabajando en el tema, al tiempo que resaltaron que la ejecución en la lucha contra los incendios no ha disminuido con respecto al año pasado.

Por más pequeñas que parezcan las cifras, representan una gran partida para un sistema precario y sin preparación para hacerle frente a las terribles imágenes que se repiten a diarios en las provincias del centro y norte del país. «Acá nadie nos ayuda, todos los canales están en Córdoba y las autoridades se esfuerzan por colaborar ahí, pero la situación en el interior de las provincias es un infierno«, relataba ante #BORDER un bombero voluntario de Corrientes, cuando las llamas devoraban parte de los campos más próximos a las ciudades. Ante la falta de recursos los dueños de las propiedades, vecinos y trabajadores de los lugares en riesgo pone el cuerpo para tratar de aminorar los daños que pueda provocar el fuego sin control.

Al mismo tiempo, las partidas presupuestarias estiman en términos cuantitativos cuál es la capacidad de acción que el SNMF tendrá en base al dinero asignado. Es así que, en base a lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, las horas de vuelo del sistema de prevención y lucha contra los incendios pasarían a ser de 3500 contra las 7200 que había en el presupuesto de 2019. Lo mismo sucede con el equipamiento para las unidades regionales, que se reduce a 3 nuevas brigadas equipadas contra las 25 que hubo en el ejercicio fiscal del año pasado, tal como denuncian los legisladores de la oposición en el informe al que tuvo acceso #BORDER.

El Presupuesto nacional todavía no llegó a la instancia de votación en el recinto, por lo que los distintos sectores siguen negociando para modificar ciertas partidas que sean de su interés. Consciente del aumento del gasto público producto de la mayor cantidad de asignaciones para hacerle frente a la emergencia social por la crisis del Covid-19, el Gobierno nacional trató de recortar otro tipo de partidas presupuestarias para que el rojo fiscal sea menor.

Para evitar una mayor disminución en materia de lucha contra los incendios, el mismo bloque de Juntos por el Cambio presentó otro proyecto en las últimas horas donde proponen que el piso de la partida para combatir incendios represente el 0,02% del total del presupuesto. Recordemos que en el presupuesto actual esa cifra es tan sólo del 0,0067%. La diputada Austin, una de las impulsoras del proyecto, propuso que en el próximo año la cifra llegue a 0,015% para luego sí llegar al 0,02%. Para concretar estos cambios es necesario modificar el artículo 30 de la ley 26.815, lo que significa que tiene que ser votado en el Congreso.

No hay dudas que el cambio climático está haciendo estragos en todas partes del mundo. Las catástrofes meteorológicas son cada vez más frecuentes en cada rincón de la tierra. Pero también es cierto que, aún en ese contexto, la culpa de los incendios en la mayoría de los casos la tiene el propio humano. Según se desprende de un relevamiento realizado por el mismo Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales en Argentina se originan de forma intencional. Son pocas las veces que esas personas terminan siendo detenidas, y mucho menos juzgadas. Por tal motivo, desde la misma bancada de Diputados presentaron otro proyecto que exige penas mayores para aquellos que sean encontrados culpables por el delito de provocar incendios forestales.