No es sorpresa que las cárceles de la provincia sean focos de conflicto. Sobre todo luego empeoramiento de las condiciones de vida de los detenidos desde el inició de la pandemia. Sin embargo, sí sorprendió el nivel de adhesión de las protestas ocurridas este fin de semana a lo largo y ancho de Buenos Aires. Mientras tanto, los presos denuncian que la represión estatal dejó un saldo de muertos que no figura en los registros oficiales. “Es algo inédito por su dimensión”, agregaron desde los organismos de Derechos Humanos respecto a la magnitud de los reclamos.
La gota que rebalsó el vaso estuvo vinculada al régimen de visitas. Desde que comenzó la pandemia y se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que se consensuó el cese de visitas a los presos como medida sanitaria. Ocho meses pasaron de eso. Sin acceso a los víveres, medicamentos y demás elementos que los presos necesitan de sus familias la situación se volvió cada vez más tensa.
A mediados de la semana pasada se les notificó a los presos que se restablecería el servicio de visitas bajo el protocolo sanitario para el viernes y sábado. Sin embargo, llegado el día las autoridades se echaron para atrás y suspendieron las visitas por tiempo indeterminado.
¿La razón? El protocolo no fue avalado por el Ministerio de Salud de la provincia. El redactor de esta nota intentó comunicarse funcionarios del Ministerio de Justica provincial para que aclarasen la cuestión pero se negaron a declarar: “No vamos a salir en medios”, comunicaron voceros del Estado.
Reguero de pólvora
Consultado por este medio, el coordinador del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Mariano Lanziano, reconoció que desde el organismo de Derechos Humanos no habían relevado una “situación semejante”. En su opinión, la “dimensión” que tomaron las protestas es consecuencia del “descalabro” que se viene “acumulando” principalmente desde que comenzó la pandemia.
El tipo de protestas osciló entre dos posturas. La primera abogó por un abordaje de tipo pacífico, principalmente huelgas de hambre. En este grupo se incluyen la mayoría de los 63 establecimientos que conforman el SPB. Dentro de esta categoría se encuentran las unidades 2, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 34, 41, 44, 45 y 50. Por otra parte, el segundo grupo se volcó por la opción más conflictiva, amotinarse. Las unidades 21, 23, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42 y 46 fueron tomadas parcial o totalmente por los internos durante el último fin de semana.
Ante ese panorama adverso el SPB lanzó un comunicado en donde aseguró que el sábado 7 de noviembre “se pondrá en marcha el plan piloto de visitas de familiares de internos” de cara al “reinicio de las visitas” que se implementaría a partir del sábado 14. Sin embargo, a pesar de que la situación pareciera haber mejorado, el grado de represión y destrucción acontecidos durante estos últimos días en las cárceles de la provincia parece todavía no haber salido a la luz en su totalidad.
Heridos y muertos
Desde los organismos de Derechos Humanos son cautos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) optó por no hablar con #BORDER hasta “no tener un informe” sobre el relevamiento que realizaron en las cárceles los últimos días. De manera similar respondió Lanziano de parte del CELS, quien solo pudo confirmar que “hay muchos heridos” en los penales. Los detenidos consultados, mientras tanto, ya hablan de muertos.
Es el caso de Ignacio Martínez (se resguardó su verdadera identidad), detenido de la Unidad 9 que aseguró la existencia de seis internos, y “posiblemente” un guardiacárcel, muertos. En la Unidad 48 ocurre un caso similar, se habla de muertos y un miembro del personal penitenciario en coma.
También se mencionaron los “rumores” de presos asesinados durante los motines en la Unidad 37. Sin embargo, en la unidad ubicada en la localidad de Barker el número de muertos oscila enormemente. Algunos detenidos y allegados hablan de dos muertos mientras que otros elevan la cifra hasta 20. “En Barker dejaron que se fuguen cientos. Cómo es el medio del campo, salieron a cazarlos. Mataron a varios”, asegura una de las cadenas que WhatsApp que comparten los presos.
En el caso de la Unidad 40 el dato es más específico. También se habla de dos muertos pero cuyos nombres trascendieron: “Bebeto” Paniagua, de la localidad de Don Orione. Mientras que el otro preso fallecido se llamaría Lukas Emanuel, ambos parecen haber sido compañeros de celda. Sin embargo, es imposible confirmar la veracidad de la información.
En ambos casos #BORDER pudo acceder a imágenes de carácter reservado en donde se ven los cuerpos de ambos presos. En el caso del detenido identificado como Paniagua la foto lo muestra boca arriba, con los ojos entrecerrados. Es un hombre de mediana edad. Lleva puesto una buzo azul oscuro y su cabeza yace en un charco de sangre. La foto pareciera haber sido tomada el exterior del complejo penitenciario durante la noche.
En el caso de Emanuel es más difícil discernir si efectivamente ha fallecido en la foto. Se encuentra dentro de una habitación cerrada, posiblemente un pabellón. En la imagen se ve a un hombre joven acostado sobre una frazada mientras un compañero se encuentra a su lado. Su torso se encuentra descubierto. Entre los distintos tatuajes asoma el disparo en el lado izquierdo del pecho y la sangré que le chorreaba ya se secó.
“Es el pabellón de máxima (seguridad), lo mataron a él y al otro. Dos más. Les volaron la cabeza a los dos. Estaban tirando con balas de plomo, Chino. Entró uno y tiró con una pistola para adentro, estaban tirando con balas de plomo y perdigones de acero”, relata uno de los audios que se difundió masivamente por WhatsApp.
Además de esos audios, desde hace días que circulan en las redes sociales de los detenidos y sus familiares los videos e imágenes que dan cuenta de la magnitud de la represión que tuvo lugar en las cárceles: Torsos sangrantes, rostros desfigurados por los impacto de las balas de goma e incluso piernas mutiladas son algunas de las escenas más recurrentes.
Daños colaterales
Por otra parte, si se pudo confirmar la destrucción que sufrieron muchas de las instalaciones que los presos utilizaban para cursar sus estudios. Las más afectadas fueron las de las unidades 31, 38 y del complejo de Florencio Varela. “Después de que se entregaron los penales 31 y el 48 hubo acuerdos de ‘no represión’ y de ‘no traslado’ pero luego de que se fueran los fiscales y los organismos de DDHH los guardiacárceles prendieron fuego los centros universitarios y las bibliotecas”, relató Martínez al redactor de esta nota.
Por otra parte, la destrucción del centro universitario en el complejo penitenciario de Florencio Varela fue realizada por los propios presos durante las protestas, tal como admitió Carlos Salvo**; detenido en la Unidad 31. “No quedó nada, fue un daño colateral de la protesta”, agregó.
En este sentido, el interno ubicado en Varela enfatizó el nivel de “resentimiento” que manejan los presos ante los vaivenes del gobierno de Axel Kiciloff respecto a la cuestión carcelaria: “Dice que no va a haber represión (Kiciloff) y más tarde te cagan a balazos los policías, después el preso queda resentido y no cree en la palabra del político”, detalló.
La cuestión de los derechos
“El reclamo no fue por las visitas, sino porque se están vulnerando nuestros derechos”, aclaró a #BORDER Daniel Villalba, detenido de la Unidad 10 de Melchor Romero. El día sábado fue uno de los tantos detenidos que subió a los techos del penal para reclamar de manera pacífica que sus derechos a acceder a salidas transitorias y prisiones domiciliarias sean respetados.
La Unidad 10 es la única cárcel que tendrá una mesa de mediación en lo inmediato. La misma ocurrirá el próximo miércoles y contará con representantes de los tres poderes del Estado provincial. Uno de los temas que se discutirá será el fallo del Juez Violini que “es puesto en suspenso” por la Corte Suprema de Buenos Aires con cada extensión del ASPO.
Esos reclamos son unánimes en todas las cárceles de la provincia. Sin embargo, de acuerdo a Martín Paz, referente de la ONG Cárceles Situación, los detenidos además de reclamar por las visitas, las salidas transitorias y prisiones domiciliarias buscan que se respete los estipulado en el Pacto de San José de Costa Rica, a cual Argentina adhirió hace más de cuarenta años.
En este sentido, Paz agregó que otros de los grandes reclamos que los detenidos exigen es la agilidad en los procesos judiciales pero principalmente buscan que durante que los días que abarque la pandemia se computen doble “por el agravamiento que estaban pasando”, lo que popularmente se conoce como 2×1.
En planteos similares se explicó Martínez. Consultado por este medio respecto al tema, el detenido subrayó que a ellos “no les sirve” una compensación “económica” como se plantea desde la Corte Suprema provincial. La única compensación “que les sirve” es la de “su tiempo”.
“No estamos pidiendo una mesa de diálogo, porque venimos dialogando hace un año, estamos pidiendo una mesa de trabajo con los tres poderes para lograr cosas concretas y llegar a un consenso para que se cumplan nuestros derechos”, agregó Martínez sobre la posibilidad de mediación entre las partes involucradas.
