La violencia institucional devenida de las “aduanas provinciales” que han instrumentado los gobernadores durante la cuarentena frente al covid y los “toques de queda” en algunos municipios no figuran como causales en las 885 actuaciones que inició la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por denuncias de personas vulneradas en sus derechos desde el 19 de marzo pasado y si lo fueron casos de abusos policial –el asesinato del tucumano Luis Espinoza al pasar un retén en una ruta tucumana ha sido paradigmático-, incumplimientos en los servicios penitenciarios o falta de contacto con defensores oficiales.
La Casa Rosada nunca quiso entrar en polémica con los gobernadores que decidían los cierres de las fronteras provinciales como una barrera para el ingreso del coronavirus. El primer caso que puso sobre el tapete estas arbitrariedades fue el de Solange Musse, la chica que en agosto pasado murió de cáncer en Córdoba sin poder despedirse de su padre, impedido de ingresar a esa provincia. A los pocos días de su fallecimiento, el presidente Alberto Fernández dijo desconocer el episodio en un reportaje concedido ante TN. “No podemos intervenir porque estamos en un país federal. Cada gobernador sabe cómo debe actuar”, decía por esos días un funcionario con despacho en el primer piso de Casa Rosada.
Pero hubo otros casos antes –camioneros sometidos a vejaciones en San Luis y Formosa, por ejemplo- y después, como el icónico de Abigail, una paciente oncológica de 12 años que tuvo que ser cargada por su padre para poder entrar a pie a Santiago del Estero por la cerrazón de los efectivos que custodiaban el paso limítrofe con Tucumán.
Las únicas intervenciones potentes del gobierno nacional para destrabar estos conflictos distritales tuvieron lugar a comienzos de octubre cuando el ministro Wado de Pedro (Interior) terció en el corte que camioneros y productores agropecuarios realizaban en Desaguadero, entre Mendoza y San Luis, para repudiar las prohibiciones ordenadas por Alberto Rodríguez Saá. “Lo hizo por pedido de Camioneros”, dijo una fuente oficial consultada.
La otra medida fue propiciada por Gustavo Vera, coordinador del Comité contra la Trata de Jefatura de Gabinete, quien junto a la Protex (fiscalía federal anti trata) logró que Formosa, tras dos semanas, abriera las puertas a un trabajador esclavo rescatado de un tambo de Córdoba. El amigo del Papa, actuó por lo bajo, y tuvo que insistir para que cambiaran a la víctima de la casa de aislamiento en la que lo obligaron a realizar la cuarentena, por las “serpientes” que había en esa precaria morada.
Tuvo que intervenir la Corte Suprema para que el mandatario formoseño Gildo Insfrán abriera las fronteras de su provincia a más de 8 mil varados. Hoy el máximo tribunal analiza otros 12 planteos por arbitrariedades en provincias como Córdoba, Mendoza, Chaco, San Luis o Corrientes. “Todas estas intervenciones representan el fracaso de la política”, dijo a este medio una fuente judicial aún anonadada por el drama de Abigail. La Corte hace unos meses había dado lugar a un amparo que permitió a Mariano Maggi poder cruzar el puente General Belgrano, desde Resistencia hasta Corrientes, para cuidar a su madre Eulalia Benitez, que está enferma de cáncer.
La Secretaría de DDHH recibe denuncias por violencia institucional al número 0800 1225878 y en sus canales digitales: desde el inicio del ASPO realizó intervenciones por 885 casos, la mayoría por excesos policiales. Su titular, Horacio Pietragalla, el 7 de julio pasado expuso ante el Congreso cuando consignó que antes del ASPO habían contabilizado unas 71 denuncias pero hasta el 7 de agosto pasado ya se notificaban unas 531, lo que representa una suba de más del 600%.
Desde la Fundación Alem, el “think tank” de la UCR, siguieron de cerca la presentación del funcionario y alertaron “que las muertes ciudadanas a mano de la policía en las provincias de San Luis y Tucumán, los episodios en Santiago del Estero, Formosa y Chaco en los que se verifican acciones violatorias de la vida y los derechos humanos en nombre de la ´violación de la cuarentena´ son contrarios a un estado democrático de derecho.
Igualmente es injustificable en un régimen democrático que un cierre de frontera provincial conduzca a la muerte de alguien como ha ocurrido en San Luis o que los municipios establezcan ´toques de queda´ sin respaldo legal ni razonabilidad. Son tristes ejemplos de lo que sucede cuando se suspende el funcionamiento de las instituciones judiciales y se deja libre de control al poder ejecutivo”.
Integrante de esa organización, la diputada radical Karina Banfi identificó 23 muertes violentas a causa del ASPO. La última la registró el 21 de noviembre pasado en Añauya, Santiago del Estero, cuando una joven embarazada de 19 años murió al chocar en moto con un montículo de escombros cuando huía de una persecución policial por infringir el horario de circulación permitido.
Uno de los organismos más activos en la defensa de los derechos humanos es el CELS, que ha reclamado “un compromiso político del gobierno nacional y de los gobernadores para impulsar reformas de fondo que transformen las prácticas de las policías de todo el país”, como por ejemplo diseñar “organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial”
Pero nada dice sobre las determinaciones de los caciques provinciales que terminan vulnerando derechos de muchas víctimas y sus familiares. Para Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de violencia institucional del CELS, “hubo una sucesión de casos graves en estos pocos meses que es un gran llamado de atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia estatal. Pero nunca hubo un paraguas legal, como el decreto del ASPO, que diera una facultad extraordinaria a la Policía”.
La experta admitió que en el organismo dirigido por Horacio Verbitsky no se abocaron a estudiar casos de personas afectadas por el cierre de fronteras provinciales pero que estos hechos expusieron a quienes se abocaron a “generar políticas sin capacidad de sintonía fina ante restricciones absolutas».
