Los videos e imágenes recorrieron todo el país: miles de hectáreas arrasadas por el fuego; animales silvestres tratando de escapar de los incendios; los bosques de Córdoba convertidos en cenizas y Rosario cubierta por el humo de los humedales en llamas. A pesar de que la mayoría de los incendios han sido extinguidos, el riesgo sigue. Desde el Gobierno Nacional han tomado cartas en el asunto con varios proyectos de ley que se debaten en el Congreso.

Los incendios forestales no son una novedad, pero por su frecuencia se hacen cada vez más preocupantes. El último ejemplo de resonancia fueron los incendios ocurridos hace cuatro años durante el primer año de mandato de Mauricio Macri que se concentró principalmente en La Pampa y Buenos Aires. Las cifran oficiales sitúan las hectáreas arrasadas en 1 millón 72 mil.

Las cifras de este año no distan mucho de ese número. Hasta el momento son 900 mil hectáreas las que han sido arrasadas por el fuego, y los incendios todavía no fueron completamente sofocados.

Causas y consecuencias

De acuerdo al director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Alberto Seufferheld, los nuevos focos que van surgiendo ocurren “principalmente en la zona del Delta del Paraná y en Jujuy”. Sin embargo, también se encuentran en alerta por la región pampeana y patagónica. Hasta el momento, el jefe del SNMF confirmó cuatro incendios en la Patagonia, de los cuales tres de ellos fueron causados “por tormentas eléctricas”, mientras que el restante fue “por quema de basura”.

Consultado respecto a las causas de estos incendios, el director del organismo estatal planteó que este año ocurrió una “condición climática particular” que generó que el fuego “tenga mayor intensidad” que en otros años.

“Hubo una sequía prolongada producto de una escasez de precipitaciones que no solo generó bajos niveles de humedad, sino que hizo que la vegetación esté más predispuesta a arder; eso sumado a vientos de más de 60 kilómetros por hora”, detalló Seufferheld al respecto.

Según Bruno Rodríguez, ambientalista y referente de Jóvenes por el Clima, para entender las causas de los incendios “no hay que encerrarse” solamente en la cuestión forestal. Principalmente apuntó al “avance de la frontera agropecuaria” y la “especulación inmobiliaria” como “principal causa de la deforestación”.

También remarcó la “desidia histórica del Estado” en  materia ambientalista y rol en los incendios que tuvo el uso de “practicas no reguladas” por parte la mega minería en provincias como Chaco y Jujuy.

Respecto a las consecuencias climáticas que provocará semejante pérdida su pronóstico fue pesimista debido a que los matorrales, bosques y humedales funcionaban “como instrumentos de mitigación” de la crisis climática y ecológica que atraviesa el mundo el experto adelantó que habrá “mayores sequías” y, por lo tanto, un “aumento del calor” en el corto y mediano plazo.

La modificación de la Ley de Manejo del Fuego

Ante este panorama el gobierno de Alberto Fernández encara la cuestión ambiental a través de dos proyectos legislativos ya han conseguido media sanción en la Cámara de Diputados, el primero de ellos es la modificación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego.

La modificación reemplazaría el artículo 22 bis de la ley actual y agregaría dos apartados más. En ellos se estipula que en casos de incendios, intencionales o no, en: bosques, humedales, pastizales, matorrales y zonas agrícolas se prohibirá, en muchos casos, la venta y realización de emprendimientos mobiliarios en los terrenos afectados por un plazo de entre 30 y 60 años.

Para el referente ambientalista el proyecto “es interesante”, a pesar de no considerarlo “el mejor proyecto”, porque amplia la gama de ecosistemas protegidos al incluir a los humedales, pastizales y matorrales. Otro elemento que evaluó positivo de la modificación de la ley es que “ataca el corazón de los negocios inmobiliarios”, responsables parciales de la deforestación.

En las antípodas de ese pensamiento se encuentra Eduardo Ortiz, coordinador de la Mesa de Medioambiente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Fue en diálogo con #BORDER que calificó al proyecto impulsado por Máximo Kirchner como una “aberración” y un “mamarracho”.

El blanco de sus críticas se fue el artículo 22 quarter del proyecto. Para Ortiz, ese apartado “demuestra” que el “sentido” de la normativa es “destruir a las economías regionales” y la “pérdida patrimonial” del sector agropecuario.

“Según el inciso quarter todas las zonas rurales de la Argentina están comprendidas en el proyecto de Ley, esto significa que cualquier fuego, intencional o no, que entre a un campo lo convertirá en una zona a restaurar como mínimo durante 30 años y si se quema un bosque nativo durante 60 años”, enfatizó el miembro de la CRA.

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En respuesta a esos argumentos, el legislador y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, aseguró que “los parámetros de la ley no son los de los negocios  sino los de la naturaleza”. Además, redobló la apuesta y afirmó que muchos de los cuestionamientos “son mentiras”  dichas por personas que “no leyeron la ley”.

En este sentido fue que confirmó que en el inciso bis del proyecto, dedicado al incendio de los bosques, se aclara que la venta y el arrendamiento están permitidos, no así la subdivisión, el parcelamiento y los emprendimientos inmobiliarios. De la misma manera, también aclara que la herencia “no está prohibida” por la ley.

Además aseguró que en el apartado dedicado a las zonas rurales se especifica que la prohibición durante 30 años no se aplica a la actividad agrícola que se realizaba en el lugar previo a los incendios, sino al posible desarrollo de prácticas agrícolas más intensivas a las que se desarrollaban allí previamente: “No es lo mismo pasar de tener un campo con vacas a empezar a cultivar soja”, ejemplificó Grosso a este medio.

La Ley de Humedales

A diferencia de la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, el proyecto de Ley de Humedales no surgió a partir de la coyuntura actual sino que es un reclamo de larga data entre los sectores ambientalistas que volvió a tomar fuerzas a partir de los incendios en el Delta del Paraná.

De los múltiples proyectos para tratar la cuestión de los humedales, el que consiguió la media sanción en la cámara baja fue el impulsado por Grosso. El mismo plantea la realización de un Inventario Nacional de Humedales, el establecimiento de un ordenamiento territorial de los mismos y de moratorias. Además de  la creación de un fondo nacional para su sustentación.

Sin embargo, la eliminación de las penas con cárcel a quienes infrinjan la ley, presente en el proyecto original, fue criticada Rodríguez, quien consideró que las legislaciones no deben tratar “solamente” de regular y proteger el ecosistema, sino que también deben “criminalizar a quienes contaminan” con penas de cárcel y “no solo con multas”.

De manera similar al proyecto anterior, Ortiz se mostró en desacuerdo con los artículos del proyecto de ley. A pesar de que considera a los humedales como “indispensables” y adhiere en que “hay que protegerlos”, cree que la legislación que avanza en el Congreso está llena de “zonas grises” que afectan al sector agropecuario.

En este sentido fue que aclaró que la “discusión” por la ley se centra en  saber cuánta superficie entraría dentro de la ley de humedales. Para el miembro de la CRA la superficie actual de humedales es del 12 por ciento del territorio nacional pero la “superficie potencial” que plantearía la ley llevaría ese porcentaje hasta el 21,5 por ciento.

“Nuestra mayor preocupación radica en que se intenta conservar un  ecosistema sin antes tener un previo diagnóstico del área potencialmente involucrada, el actual uso del territorio y una aproximación de quiénes viven y/o ejercen actividades productivas en dichos lugares”, amplió el miembro de la CRA al respecto.

Sin embargo, para Grosso la definición utilizada en el proyecto de ley no es “azarosa” sino “científica” y agregó que la misma fue tomada de un “taller sobre humedales” realizado por el Ministerio de Medioambiente durante la presidencia de Mauricio Macri: “Antes no teníamos herramientas para llegar (a los problemas ambientales),  la Ley de Humedales era un deuda pendiente en ese sentido y apunta a dar respuestas concretas”, concluyó el diputado.