La pandemia tuvo su impacto en toda la población, es evidente. Pero en las personas con discapacidad las consecuencias fueron dramáticas. Muchos tratamientos no se pudieron continuar, hubo retrocesos, los centros educativos terapéuticos estuvieron cerrados y el zoom no fue una opción viable para todos los casos. En el 2020, se profundizaron las barreras históricas con las que debe enfrentarse una persona con discapacidad.

Leer más: Tiene autismo, creó un sistema de pedagogía de emergencia y lo multipremiaron

En este año que comienza, el panorama aún es incierto. Si bien familias, terapeutas y autoridades coinciden en que la presencialidad, tanto en los tratamientos como en las escuelas o CETS, se vuelve impostergable, muchos lugares todavía no tienen definido cómo y con qué protocolo van a abrir sus puertas.

#BORDER dialogó con el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga. Si bien esta agencia no es la responsable de la apertura de centros de prestaciones, ya que eso depende de la autorización de cada jurisdicción, como la provincia de Buenos Aires o CABA, por ejemplo, buscamos cuál es su mirada sobre esta problemática que genera mucha angustia en las familias.

Leer más: Lo que dejó la cuarentena: casi 44 mil denuncias por infractores a la veda y sólo 199 casos de abuso policial

“No vamos a promover presencialidad si esto implica poner en riesgo a personas con discapacidad y al personal”, asegura Galarraga.

#BORDER: Durante todo el año pasado los CET permanecieron cerrados. Entiendo que va a depender de la situación epidemiológica, pero ¿cuál sería la intención de la agencia con respecto a este tema?

Fernando Galarraga: Nuestro objetivo es que, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción, todas las prestaciones puedan brindarse. No se trata de cuál es nuestra intención sino que debemos cuidar a las personas con discapacidad, a las personas que le brindan servicios, a todas y todos. Es por ello que trabajamos en articulación con el Ministerio de Salud, con las entidades gubernamentales que forman parte del Directorio de Prestaciones Básicas, y con las autoridades provinciales, a fin de no perder de vista nuestros objetivos: prestaciones seguras y con protocolos en el marco de un escenario muy difícil, porque el virus continúa entre nosotros.

#BORDER: Para muchas personas con discapacidad es difícil sostener la virtualidad e implica un enorme retroceso no contar con terapias presenciales. ¿Cómo se resuelve esto?

Galarraga: Pienso que analizar la situación en forma aislada y plantear una dicotomía entre presencialidad y no presencialidad es un error, ya que esto deja fuera la situación epidemiológica. No hay terapia presencial posible con personal o personas que asisten a las terapias contagiadas. Entonces, lo más importante es la salud y luego vemos cómo se puede ir recuperando el ritmo habitual de prestaciones. La virtualidad no es una situación deseable para determinadas prestaciones, pero ha sido una respuesta posible en muchos casos durante este tiempo.

#BORDER: ¿Qué cosas se van a cambiar en 2021 respecto de lo que se hizo en 2020 suponiendo que no se lleguen a normalizar las prestaciones?

Galarraga: El escenario no ha cambiado demasiado. La novedad más importante es que la vacunación ya está en marcha y esto nos abre un horizonte más cercano en cuanto a recuperar las actividades habituales en forma parcial. Sin embargo, todavía es prematuro adelantar medidas que se estudian permanentemente para acompañar la evolución de la situación epidemiológica. Por ejemplo, habilitamos una categorización provisoria de servicios, pero ya estamos trabajando para realizar las auditorías presenciales que permitan a muchas instituciones completar esta tramitación y poder ofrecer sus prestaciones a las personas con discapacidad.

#BORDER: ¿En qué consistiría esta categorización?

Galarraga: El objetivo de la categorización provisoria es garantizar que los prestadores puedan brindar los servicios e inscribirse en el Registro en contexto de emergencia sanitaria, con la consecuente cobertura de las obras sociales. Cuando las auditorias en terreno se reanuden, se evaluará si los servicios brindaron efectivamente las prestaciones.

#BORDER: ¿La agencia pudo analizar cómo impactó la pandemia en las personas con discapacidad?

Galarraga: La situación que atravesamos desde marzo pasado expuso con mayor crudeza las barreras históricas que enfrentan las personas con discapacidad. Por ejemplo, la falta de accesibilidad a plataformas digitales, la falta de equipamiento y conectividad, la falta de información en formatos accesibles. Esto puede trasladarse a otros campos cruciales, como el acceso al campo laboral o a los servicios de salud, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el país presenta diversas realidades. Es por ello que, a partir de febrero iniciamos un trabajo permanente y sistemático con todas las autoridades en discapacidad de cada jurisdicción, a fin de tener información actualizada y poder acompañar las decisiones que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires adopten.

#BORDER: ¿Tienen algún tipo de estudio realizado sobre como impactó la cuarentena y el aislamiento en las personas con discapacidad?

Galarraga: Ese estudio todavía no está concluido. Hay muchos profesionales que vienen siguiendo este tema y confiamos en poder dar a conocer un trabajo serio en los próximos meses.

#BORDER: ¿Cuáles serían los protocolos a cumplir teniendo en cuenta, por ejemplo, que a los chicos con discapacidad les cuesta tomar distanciamiento social?

Galarraga: En este sentido, vamos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para ver cuáles son los protocolos posibles, siempre que la situación epidemiológica lo permita. Insisto, no vamos a promover presencialidad si esto implica poner en riesgo a personas con discapacidad y al personal. Para poder resolver esta situación realizamos evaluaciones constantes para ver cómo se van moviendo las actividades. Conviene aclarar algo importante. No es la ANDIS quien determina si se abre o cierra una institución que brinda prestaciones a personas con discapacidad. Esto depende de cada jurisdicción y las actividades que las autoridades provinciales o de CABA vayan autorizando.