En los últimos días, se conoció una denuncia sobre un supuesto desvío de fondos por parte de la intendenta de Quilmes, gobernada por Mayra Mendoza. La malversación estuvo dirigida hacia cooperativas que pertenecerían a un funcionario de la gestión.
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Según el portal “El Disenso”, los fondos habrían sido transferidos a cooperativas pertenecientes a Sebastián Raspa, secretario de Hábitat de Quilmes. Tras conocerse la publicación y desatarse el escándalo, el mismo presentó su renuncia indeclinable ante Mendoza.
La intendenta, por su parte, aseguró que enviará el caso a la Justicia para que se indague la información publicada. A su vez, Mayra Mendoza instruyó a sus funcionarios del área legal antes de presentarse en los tribunales. El ex secretario denunciado, por otro lado. intentó desligarse del hecho tildando a la publicación de “maniobras maliciosas, tendenciosas e información falsa”, también afirmando que no forma parte de las cooperativas involucradas.
Momentos después de la publicación, el sitio online anunció que había sufrido “múltiples ataques”, que generaron el colapso de la web y su posterior caída: “El servidor de El Disenso está bajo ataque”, anunciaron mediante Twitter. La misma volvió al funcionamiento normal en la última hora.
Luego de twittear que “Mayra Mendoza le bajó 353 millones a las cooperativas de su subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa”, el portal aseguró que la información está posteada “en servidores compartidos y cuando se producen múltiples ataques bloquean el acceso hasta que se terminan completamente porque, si continúan, ponen en peligro todo el servidor”.
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La web habría recibido más de 126 ataques, “pero lo más importante es que toda la información está a salvo, no pudieron tocar nada”, aseveraron en su cuenta de la misma red social.
LA DENUNCIA CONTRA LA INTENDENCIA DE QUILMES
Según lo denunciado por “El Disenso”, entre diciembre del 2020 y febrero del 2022 solo tres cooperativas, que integran la Federación de Cooperativas 1° de Mayo, recibieron de la intendencia de Quilmes más de $535 millones de pesos, alrededor de 38 millones de pesos al mes.
El documento involucra a las cooperativas La Estrella, Progreso y Unión de Azul, que eran contratadas para realizar tareas de mantenimiento en diferentes espacios públicos.
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