La Cámara Federal de la Ciudad confirmó hoy el procesamiento parcial de los máximos integrantes de la agrupación Revolución Federal, entre los acusados está el líder del movimiento Jonathan Morel, quien había sido señalado por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner como uno de los autores intelectuales de su intento de asesinato.
No obstante, la Justicia desestimó dicha acusación y simplificó la calificación penal. Los imputados serán acusados como «coautores penalmente responsable del delito de incitación a la violencia», delito que pudo probarse con las insistentes publicaciones en sus redes sociales, donde hacían llamados a la «revolución». Además de simplificar la causa, también se redujo de 9 a 4 millones de pesos el monto del embargo que habían exigido los abogados de Cristina Fernández de Kirchner bajo el fundamento de que los imputados alteraron el orden democrático y que «va más allá del ejercicio de la libertad de expresión».
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La defensa de la Vice alegó que no se trató de un «cercenamiento a ese derecho, conforme los lineamientos y test tripartito establecido por la jurisprudencia Interamericana».
Tanto Jonathan Morel como Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra fueron privados de su libertad y liberados el año pasado, después de que diera la orden la Cámara Federal, pero ahora -nuevamente- el juez Marcelo Martínez De Giorgi pidió acusar a los integrantes del espacio por el delito de «incitación a la violencia» esta vez sin prisión preventiva.
Por el momento la Vicepresidente no se ha pronunciado sobre el duro revés en su contra, pero anteriormente había comentado a vía Twitter: «De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso».
Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado “Revolución Federal”, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra.https://t.co/2SqMJt6eCl
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022
«¿Qué más necesitarán Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables», reclamó.
¿Qué más necesitarán Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables. pic.twitter.com/DPazEZrCJF
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022
CÓMO INICIÓ LA INVESTIGACIÓN
Tras el intento de asesinato contra la máxima figura del oficialismo, la investigación se fue ampliando, dejando en segundo plano a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, alias «Copito».
La policía fue alertada por una denuncia que hacía referencia a un perfil de la red social Instagran. La cuenta señalada era Revolución Federal, los investigadores se toparon con mensajes tales como: «Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas», lo que encendió todas las alarmas hasta el punto de dar con cada uno de los integrantes de la agrupación.
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Al momento de declarar, los imputados se resguardaron bajo la libertad de expresión, aunque admitieron que las expresiones fueron «desacertadas o extremistas». Al analizar este fundamento, los jueces al mando Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron: En muchas ocasiones «preservar la vigencia de esa prerrogativa (en relación a la libertad de expresión) nos enfrenta con la necesidad de tolerar discursos que podemos reputar opuestos a nuestros ideales e inclusive despreciables. Pero es precisamente allí, en esa confrontación, donde acaba fortaleciéndose el sistema en el que vivimos».
Sin embargo, comentaron que «tal derecho, en su relación con los demás ámbitos tutelados por nuestra Carta Magna, encuentra ciertos límites que se compadecen con el debido resguardo que también se debe a esas otras esferas».
En ese punto de inflexión plantearon que, en algunas oportunidad, la libertad de expresión se usa como una «pantalla para canalizar un ataque, no estaremos ya ante la tensión que es propia de un proceso deliberativo, y que se suele traducir en un conflicto o ponderación de derechos, sino ante la lisa y llana vulneración de un bien jurídico».
Bajo ese contexto, los magistrados entendieron que los dichos de los integrantes de Revolución Federal además de ser «considerados reprobables, exceden la lógica y canales regulables sobre los cuales se ejercita» la libertad de expresión. Iniciando así, el procesamiento del delito de incitar a la violencia colectiva.
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