Durante la mañana y parte de la tarde de este martes, cientos de manifestantes pertenecientes al Polo Obrero, militantes de Milagro Sala e integrantes de otras organizaciones atacaron la Legislatura de la provincia de Jujuy para mostrarse en contra de la reforma parcial de la constitución provincial que fue impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Esto sucedió en paralelo a la jura por la nueva constitución que es resistida por estos grupos.
Además de arremeter contra el edificio legislativo, incendiaron autos, rompieron vidriera de locales, se enfrentaron a los efectivos policiales y llegaron a atacar a periodistas que cubrían los hechos para diferentes medios como Todo Noticias. Incluso un pequeño grupo logró ingresar a las oficinas de la Legislatura y comenzó un incendio que fue controlado minutos después.
Leé también: Gerardo Morales: “Hay una fuerte intervención del Gobierno nacional para generar el caos en Jujuy”
Como consecuencia, Morales retrocedió y anuló momentáneamente la modificación de dos artículos, ambos resistidos por grupos de pueblos originarios, el kirchnerismo y algunas organizaciones sociales de la provincia. A su vez, el gobernador mantuvo la decisión de prohibir los cortes de rutas, determinación que también molestó a las agrupaciones.
Las autoridades de SAME Jujuy declararon a los medios que hay entre 50 y 70 pacientes siendo atendidos en estos momentos por los incidentes provocados en las inmediaciones del congreso provincial.
Minutos después, el gobernador jujeño culpó al gobierno nacional por la violencia que se vive desde hace días: «Hago responsables a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner por la extrema violencia que se vive en Jujuy». En respuesta, tanto el presidente como la vice respondieron: «Es el único responsable de haber llevado a esta situación», expresó el mandatario, mientras que CFK apuntó de la misma forma: «Morales, no mienta más, que hasta James Cameron se dio cuenta», dijo.
Desde la principal oposición nacional, aseguran que se trata de un intento por tomar las instituciones de la provincia norteña, mientras se busca opacar el caso de desaparición de Cecilia, en el Chaco: «A NOSOTROS NO NOS CORREN», enfatizó Patricia Bullrich, precandidata de Juntos por el Cambio, en su Twitter. «Hoy quieren tomar Jujuy, mientras en el Chaco el Gobierno guarda silencio frente a un asesinato del poder. Para desenmascarar a los violentos, hoy vamos a hacer una reunión de urgencia», anunció.
«Los principales referentes de nuestro espacio convocamos a los argentinos a defender las instituciones de los mismos violentos de siempre», sentenció la ex ministra de Seguridad.
Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato por JxC, denunció: «Lo que está pasando en Jujuy es la muestra de lo que es capaz el kirchnerismo resistiéndose al cambio. De la mano de Milagro Sala salieron a romper toda la Legislatura Provincial donde se estaba aprobando una reforma constitucional decidida por la gente a través de sus representantes».
«No vamos a dejar que se quiera llevar puesto el cambio que vamos a decidir los argentinos», cerró.
Leé también: El candidato de Juntos por el Cambio apuntó contra Capitanich: «oscuridad, impunidad y complicidad»
LOS ARTÍCULOS RESISTIDOS
El primer artículo en cuestionamiento fue el 50, sobre los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios”. En la nueva Constitución que se iba implementar, se esbozaba:
“1) Esta Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. 2) El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación. 3) El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. 4) Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos. 5) El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.
Tras la tensión, la violencia y la marcha atrás en esta modificación, se regresó a lo escrito en la constitución jujeña de 1986: “La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.
El segundo artículo resistido fue el 36:
“Derecho a la propiedad privada. 1) Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes. 2) La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante. 3) Queda abolida la confiscación de bienes. 4) Las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular. 5) Será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley. Una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo.
Leé también: Caso Cecilia: ofrecen una millonaria recompensa por información valiosa
De la misma forma, y ante la presión de estos manifestantes, Morales debió volver al artículo del año 86: “Derecho a la propiedad privada. 1) Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes. El ejercicio de este derecho debe ser regular y no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas. Con esos fines la ley lo limitará con medidas adecuadas conforme a las atribuciones que le competen al Gobierno Provincial. 2) La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante. 3) Queda abolida la confiscación de bienes”.
Con el artículo 67 el gobernador se mantuvo firme, sobre “la prohibición de los cortes de ruta es una convicción”: “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica” establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.
SEGUÍ LEYENDO:
Desapareció un submarino turístico que llevaba pasajeros a ver los restos del Titanic
El candidato de Juntos por el Cambio apuntó contra Capitanich: «oscuridad, impunidad y complicidad»
