El Juez Federal Rodolfo Fernández ordenó el allanamiento del domicilio de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en el marco de la causa en la que se investiga la comisión de delitos por las manifestaciones ocurridas en esa provincia en los últimos días.
Con la intervención del fiscal Diego Funes, la policía de Jujuy llevó a cabo el operativo que, según se informó, sería para secuestrar computadoras y teléfonos móviles.
«Siendo las 11 y monedas de la mañana de este 29 de junio se está llevando un allanamiento en la casa de Milagro en San Salvador de Jujuy, donde además de ella esta Raúl Noro, su esposo, en una situación de salud muy crítica y terminal», sostuvo la ex ministra de las Mujeres y una de las abogadas de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, en un audio que difundió hoy.
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Y agregó: “Aparentemente, porque no nos han querido dar la orden, solamente el abogado Ariel Ruarte la pudo leer y la pudo transmitir, habría algún testigo o imputado de identidad reservada que mencionaría que Milagro tendría alguna vinculación con esas protestas”.
En la misma línea, la abogada denunció que el hecho se da en el marco del “hostigamiento y persecución” que se realiza contra la dirigente social, y que funciona como parte de la “campaña electoral” de Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta. El gobernador de Jujuy lleva muchos años de enfrentamiento con Sala, y ahora se encuentra en plena carrera como vicepresidente del jefe de Gobierno porteño.
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La dirigente de la Tupac Amaru fue investigada en diferentes causas penales y en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, la condenó a 13 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión. Previo a esta sentencia, la referente social tenía otra en una causa menor por amenazas, que también había sido confirmada por la Corte.
Milagro Sala tiene prisión domiciliaria por razones de salud, aunque persiste el reclamo del gobierno de Jujuy para que sea trasladada a una cárcel común. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), monitorea permanentemente la situación de la dirigente social.
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