A pocos días del inicio de la campaña electoral la justicia penal de La Plata dictó la prescripción y el posterior sobreseimiento para el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los jefes comunales de la vieja guardia del kirchnerismo transversal. El distrito que gobierna desde el año 2003 integra la poderosa tercera sección electoral bonaerense, bastión del peronismo, territorio donde históricamente se definen las elecciones presidenciales.
La resolución judicial fue por unanimidad y sin grietas. Nadie lo confirma pero tampoco descarta la posible injerencia del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, quien se mantuvo del derrotero de la causa. Alak responde directamente al gobernador Axel Kicillof. Con esta decisión judicial, Secco tiene el cielo despejado en su carrera política.
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El proceso duró casi seis años. Se inició en el año 2017 por impulso de legisladores provinciales que respondían a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quienes apuntaron a uno de los más fieles dirigentes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Secco es el jefe de la denominada Mesa de Ensenada que reúne a kirchneristas de paladar negro y donde se tomaron decisiones trascendentales sobre el armado de las listas de precandidatos y precandidatas para las PASO.
El jefe comunal estaba a la espera del juicio oral por “coacción agravada”, causa iniciada luego de su intempestivo ingreso a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires durante el cuarto intermedio de una sesión, para denunciar la feroz represión policial sobre trabajadoras y trabajadores del Banco Provincia que se oponían a un cambio de régimen jubilatorio impulsado por el vidalismo y que luego fue derogado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Junto al intendente fueron enviados a juicio su hijo Nicolás Secco, Braian Yoel Taborda, Esteban Gonzalo Spivak, Luis Matías Emanuel Calcagno y Mario César Maza.
Durante la instrucción de la causa actuaron tres fiscales. Comenzó Juan Cruz Condomí Alcorta (a quien el intendente Secco le pidió el juicio político que está en trámite), posteriormente recayó en el ahora exmagistrado Marcelo Romero, pero fue apartado del expediente cuando estaba a punto de pedir la detención del jefe comunal. Romero es precandidato a senador bonaerense en la interna de Juntos por el Cambio en La Plata, en la boleta de Patricia Bullrich.
Finalmente, la investigación penal quedó en manos de la fiscal Ana Medina, quien solicitó la elevación a juicio que fue avalada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata.
LA INVESTIGACIÓN
El 14 de diciembre de 2017, mientras se desarrollaba la sesión en la Legislatura provincial, empleados del Banco Provincia marcharon en rechazo a la sanción de la reforma jubilatoria para los trabajadores de la entidad, que figuraba en el temario de proyectos a tratar.
En ese marco, los manifestantes fueron reprimidos por personal policial. Secco, que estaba en la marcha, intentó detener el ataque, juntó cartuchos detonados e ingresó al recinto agitando entre sus manos los proyectiles de posta de goma y gases lacrimógenos disparados contra los trabajadores bancarios.
Ese incidente generó la apertura de la causa. Tras ser imputado, Secco brindó una conferencia de prensa junto a varios intendentes en la que acusó al entonces oficialismo provincial de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) de pretender «llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos» en las elecciones legislativas de ese año.
Ese día, el alcalde ensenadense insistió en que se trata de «una causa armada» en su contra y que la entonces gobernadora Vidal quería verlo «preso» para «mandarles un mensaje a todos los intendentes peronistas».
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«Están tratando de disciplinar a la dirigencia», aseveró el alcalde, quien reconoció, no obstante, no haber entrado quizás «de una manera correcta» al recinto de sesiones de la Legislatura provincial.
«Es mentira que yo rompí una reja, tal vez no entré de una manera correcta; los diputados me invitaron a entrar a la legislatura y yo entré rodeado de los legisladores», detalló el intendente kirchnerista.
En este sentido, remarcó que, «evidentemente, es una causa armada, algo que no sucedió» porque -según explicó- él no interrumpió la sesión «sino que los legisladores estaban en cuarto intermedio».
«Lo que quieren es meter preso a un intendente; quieren llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos», disparó Secco. Y también sentenció que la entonces mandataria provincial «no me puede disciplinar, no me puede condicionar. Lo mío es ideológico. No me pudieron ganar en las urnas. No me pudieron encontrar nada, me hicieron más auditorías que al Banco Nación», aseveró entonces.
La denuncia fue impulsada, entre otros, por el entonces titular de la cámara baja, el diputado vidalista Manuel Mosca.
LOS FUNDAMENTOS
El fiscal de juicio Jorge Paolini se opuso al dictado de la prescripción por entender que Secco sigue siendo funcionario público. Tras analizar los pedidos de las defensas los jueces concluyeron que “ninguna de las conductas” de Secco “se vinculan con el ejercicio de la función pública”.
“Los hechos que se describen en la provisoria imputación del requerimiento fiscal, resultan ajenos al ejercicio de las funciones públicas vinculadas a la titularidad del Poder Ejecutivo Municipal que detenta el nombrado” Secco.
Para el juez Claudio Bernard, autor del voto unánime “los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública necesaria y lógicamente deben importar conductas llevadas a cabo en el ejercicio abusivo de la función pública; es decir, delitos propios de los funcionarios públicos, vinculados al desempeño de la tarea para la que se encuentran designados, nombrados o electos. Va de suyo, que los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, exigen ser consumados en el particular contexto funcional de la actividad pública propia del sujeto activo”. Los jueces entendieron que el ingreso de Secco en la Legislatura no forma parte de su función pública.
La resolución dictada por el juez Bernard junto a sus pares Ezequiel Medrano y Carmen Palacios Arias fue festejada en suelo ensenadense y en toda la provincia de Buenos Aires, ya que con esta mirada judicial que suma un precedente, al menos los intendentes, que suelen encabezar movilizaciones, no tendrán la amenaza de la imprescriptibilidad de los procesos en su contra ante posibles denuncias por acciones ajenas a su rol de funcionario público.
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