La irrupción en escena del caso “Chocolate”, uno de los mayores casos de presunta corrupción a cielo abierto de los últimos años que involucra a todo el arco político de la provincia de Buenos Aires, obliga al ejercicio de volver a recorrer las fojas de los expedientes judiciales que se conocen de su existencia, pero se mantuvieron ocultos por diversos motivos que no vienen al caso.
Entre los años 2017 y 2018, durante la gestión de Juntos por el Cambio en la Legislatura de provincia de Buenos Aires, se abrieron al menos dos causas en el fuero Penal de La Plata con aristas muy parecidas y otras no tanto al escándalo de las “tarjetas de la corrupción” por las que fue detenido Julio Segundo “Chocolate” Rigau, en la tarde noche del 9 de septiembre último mientras “ordeñaba” cajeros automáticos a menos de 100 metros de la Cámara de Diputados bonaerense. En su poder tenía 48 plásticos del Banco de la provincia de Buenos Aires (Bapro) y más de un millón de pesos crocantes.
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A LAS PIÑAS POR LOS SUBSIDIOS
A mediados del año 2017 la Casa Matriz del Bapro fue escenario de una feroz pelea. Todo comenzó cuando una persona se acercó a cobrar un subsidio otorgado por la Cámara de Diputados provincial que en ese tiempo era dirigida por el exdiputado Manuel Mosca (PRO). Ese beneficiario, DNI en mano, se anoticio que ese dinero ya había sido cobrado, lo que generó una pelea que terminó a golpes de puño con un cajero bancario que no sería ajeno a la maniobra.
Por este hecho fue procesado el empleado bancario quien recuperó la libertad, previo el pago de una fianza (caución real) de $15mil. Pero en el marco de la misma causa se unió otro expediente judicial que tiene en la mira a un empleado de planta permanente que oficiaba de secretario privado de una ex diputada provincial del PJ. Nótese que en un mismo delito hay personas vinculadas a dos fuerzas políticas que para el gran público aparecen como antagónicas, pero que puertas adentro aparecen compartiendo dividendos de origen poco claros.
En esta causa penal (bajo el número de IPP 32947/17) se investiga el presunto cobro irregular de subsidios otorgados por la Cámara de Diputados en tiempos de la gobernación de María Eugenia Vidal. Esos beneficios se cobraban bajo el sistema denominado “ticketera”, es decir, una persona se acercaba con su DNI a un cajero determinado del Bapro y le abonaban la totalidad o una cuota del subsidio. En varias ocasiones se acercaba una sola persona con varios DNI y se llevaban el dinero “a veces en sobres de madera, otras en mochilas y hasta en bolsos negros”, recordó una fuente judicial consultada por Borderperiodismo.
“En la causa se logró acreditar que los subsidios cobrados fueron firmados por el diputado Mosca, pero nunca lo llamaron a indagatoria, tampoco a la diputada del PJ”, recordaron dos voceros judiciales que tuvieron acceso al expediente.
CHOCOLATE RECARGADO
La complejidad de las tramas delictivas utilizadas por la empresa criminal montada en la Cámara de Diputados bonaerense no sólo utiliza los servicios del Bapro como bocas de expendio de dinero mediante contrataciones fantasmas. El ardid también llegó hasta el Banco Nación, según se detallan en la investigación penal (IPP 06-00-040271-18/00) que tiene procesados a Marcelo Javier Vizcarra y su esposa Paula Irene Bonacina, dos presuntos valijeros políticos.
En la causa penal a la que accedió Borderperiodismo se detalla que “entre la primera parte del año 2018 y el 9 de octubre” de ese año los acusados y “terceros no identificados hasta el momento, mediante el uso no autorizado de datos personales de por lo menos, 67 personas físicas, defraudaron al estado provincial, a través de la confección de contratos temporarios con la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la consecuente apertura de cajas de ahorro en el Banco de la Nación Argentina”.
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Luego los sospechosos retiran las tarjetas “junto a las correspondientes claves de acceso y la siguiente modificación de ésta, así como la obtención de la clave alfabética, para luego finalizar la maniobra extrayendo diversos montos dinerarios a lo largo de ese período, que superan ampliamente el millón de pesos”. En octubre de 2018 el dólar oficial cotizaba a $42. El daño patrimonial fue superior a 28 mil dólares, casi 22 millones actuales al tipo de cambio paralelo.
MULTIPARTIDARIA DEL DELITO
Estas dos causas descritas, que se encuentran en pleno trámite judicial, se mantuvieron ocultas durante más de cinco años, bajo la vigilancia de las manos invisibles del Estado que todo lo ven, pero no todo controlan. Un dato que no es menor, todos los procesados en estas causas, no forman parte del ecosistema político, es decir, no son políticos tradicionales, aparecen como simples mortales que cayeron en desgracia. El hilo siempre se corta por lo más delgado.
En los ejemplos mencionados hay distintos sectores políticos involucrados en la misma maniobra, una raíz compartida del delito: la extracción de fondos públicos para enriquecimientos personales o para financiamiento de carreras políticas. Tal vez allí se encuentra la razón de atronador silencio que rodea al caso “Chocolate” Rigau del que solo salieron a despegarse desde el bloque del Frente de Izquierda (FIT) que mediante un comunicado oficial el legislador Guillermo Kane (PO) quien sostuvo: “El caso de ‘Chocolate’ Rigau es un botón de muestra de cómo funciona la legislatura bonaerense. La información sobre la distribución del presupuesto de las cámaras está pura y exclusivamente bajo control de las autoridades, lo que abre el juego a un manejo discrecional de los fondos, sujeta exclusivamente al acuerdo del PJ y Juntos por el Cambio. Los presupuestos se votan a libro cerrado, tardan meses en hacerse públicos inclusive para los diputados y no tienen una rendición de cuentas transparente”.
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