Los camaristas de La Plata que liberaron al puntero político Julio “Chocolate” Rigau están un paso más cerca del juicio político (jury). El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, denunció a los jueces de Cámara, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. En su presentación el jefe del Ministerio Público Fiscal ofreció prueba y solicitó el apartamiento preventivo de los ambos magistrados mientras se sustancie el proceso.
Tras la libertad de Rigau, medida que generó estrépito social, los dirigentes María Eugenia Talerico, Ricardo López Murphy y Javier Iguacel denunciaron a los magistrados en la Procuración General bonaerense. También ratificaron otra denuncia contra Rigau que fue presentada en sede penal.
Fuentes de la Procuración confirmaron a Borderperiodismo que la decisión fue tomada “frente al patente mal desempeño y grosero apartamiento del orden legal”. En la denuncia ya presentada se analiza en profundidad la escandalosa decisión de los camaristas que, “sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias de las que no era titular”.
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La denuncia de Conte-Grand se da luego que la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto la resolución que por mayoría tomaron en la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que había ordenado la libertad de “Chocolate” pese a que fue filmado por cámaras de seguridad mientras extraía millonarias sumas de dinero de cajeros automáticos del Banco de la provincia de Buenos Aires.
La jueza Florencia Budiño y el juez Luis María Mancini Hebeca, entendieron que la resolución de la Cámara debía ser anulada por razones lógicamente previas al análisis de su fundamentación de los recursos de los apelantes (es decir: que no era necesario adentrarse en los fundamentos de la apelación del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo ni del particular damnificado, porque la decisión de los jueces Benavides y Villordo era palmariamente nula).
Para los jueces de Casación los camaristas actuaron “excediendo los límites normativos que determinan su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”. Destacaron que la Cámara actuó́ por fuera de su jurisdicción, en tanto según la ley procesal vigente la orden de detención dictada por juez el competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus.
«La decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular» sostuvo Conte-Grand en su denuncia.
También afirmó que «la materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así́ un juez natural» el juez de Garantías Guillermo Atencio «con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelaciones» y que «no debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping«.
Por otro lado, enunció que «la resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial» y concluyó que «a raíz de lo señalado, no es osado considerar que, con su voto, los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura».
Además, el Procurador, junto con el escrito presentado, ofreció prueba y solicitó al Jurado el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso. Ahora se deberá sortear seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado que, presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, decidirá sobre su destitución.
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PERICIA EN PELIGRO
Tras la decisión de Casación bonaerense de avalar la investigación de la fiscal Betina Lacki la causa volvió a tomar impulso, al tiempo que Rigau volvió a prisión y es custodiado por el Servicio Penitenciario Bonaerense. En este contexto se espera por la pericia al teléfono celular del detenido, una medida de prueba que tiene en alerta a toda la política bonaerense. Nadie sabe qué se puede encontrar en esa diligencia que fue dispuesta para este viernes 20 de octubre por la mañana.
La defensa pidió que se suspenda la pericia sobre el análisis de su teléfono. Según la presentación de los abogados de Rigau, es por la nulidad por el secuestro de su teléfono cuando fue detenido el 9 de septiembre en el cajero del Banco Provincia donde estaba realizando las extracciones de dinero. Le secuestraron más de 12 millones de pesos y 48 tarjetas de débito.
Además, los letrados acusaron que la medida implica la violación de la intimidad de Rigau al analizar su teléfono personal y que la misma no está justificada en función de la investigación por «estafas reiteradas».
Ahora es el juez Atencio quien definirá si lleva adelante o no la pericia sobre el teléfono marca Samsung modelo SM-G532M que llevaba consigo Rigau el día de su aprehensión.
Por ahora, la pericia sigue firme en cuanto a su realización. Los resultados, se estima, se conocerán luego de las elecciones del domingo 22 de octubre, donde se define en gobierno de la provincia de Buenos Aires y el nacional.
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