Los titulares de las tarjetas de débito con las que el puntero del Frente Renovador de La Plata, Julio “Chocolate” Rigau extraía millonarias sumas de dinero en cajeros automáticos quedaron más cerca de ir a prisión. El juez de Garantías que interviene en la causa rechazó las exenciones de prisión de los supuestos empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires cuyos legajos son analizados en el fuero Penal de la capital de la provincia de Buenos Aires, confirmaron fuentes judiciales a Borderperiodismo.
Con esta medida dictada por el juez Guillermo Atencio, la fiscal Betina Lacki puede avanzar en el pedido de detenciones de los sospechosos de participar en una maniobra de fraude millonario contra las arcas públicas del Estado bonaerense. Por su parte las defensas se encuentran en plena etapa de presentación de las apelaciones, según se desprende de la documentación a la que accedió este medio.
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Además, el magistrado dictó el mismo rechazo para el concejal de La Plata reelecto de Unión por la Patria Facundo Albini y su padre Claudio Albini quien es un empleado de carrera dentro de la Legislatura provincial. La teoría del caso indica que Rigau vaciaba los cajeros y el dinero era llevado al local partidario que el edil posee en pleno centro de la capital provincial.
Uno de los escenarios posibles es que los titulares de esas 48 tarjetas de débito secuestradas sean detenidos en las próximas horas, independientemente de las apelaciones que presenten los defensores oficiales y los particulares que actúan en esta investigación radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 2 del Departamento Judicial de La Plata. Por el momento las identidades de estas personas se mantendrán en reserva para no obstaculizar la investigación en marcha.
La resolución del juez Atencio que les rechazó la exención de cárcel a los dueños de las 48 tarjetas de débito por el caso “Chocolate” planteó que “la extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, siempre según documentación judicial.
El juez argumentó: “Me explico, la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público – suma que hasta el momento asciende a los ochocientos millones de pesos-; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre coimputados – teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos y; la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados, así me permiten concluir”.
Cabe recordar que Rigau está detenido bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), fuerza que depende del ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, quien llevó en la lista de concejales en tercer lugar al dirigente Albini.
TELÉFONO CANDENTE
En tanto expertos en telecomunicaciones trabajan en el análisis del teléfono celular de «Chocolate» Rigau para seguir la ruta del dinero proveniente de la Legislatura, que el puntero del massismo cobraba en nombre de algunos empleados del organismo.
Existe expectativa sobre la chance de encontrar vínculos con la política y funcionarios del Poder Legislativo y Ejecutivo provincial. Una sala del Tribunal de Casación bonaerense reabrió el caso al validar el accionar policial de cuando se detuvo a Rigau el 9 de septiembre pasado en un cajero del Banco Provincia, a metros de la Cámara de Diputados.
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La causa estuvo parada un tiempo y Rigau fue liberado pero detenido nuevamente cuando la investigación se reactivó. Ahora la fiscal Lacki se encargó de llevar el control sobre el estudio pericial, el cual se había suspendido por planteos de la defensa y cuando la causa estaba declarada nula.
«Chocolate» fue detenido en el cajero del Banco Provincia donde estaba realizando las extracciones de dinero. Le secuestraron más de 12 millón de pesos y 48 tarjetas de débito.
En tanto, un empleado de la Legislatura bonaerense reconoció que le daba su tarjeta de débito para cobrar el sueldo a «Chocolate» Rigau porque le tenía «confianza». «Sí, porque él se ganó mi confianza. Yo decidí dársela porque quería tener la confianza en él, para que me facilitara, ya que, tenía que viajar. Esto fue circunstancialmente», dijo el empleado en su insólito relato, tal como publicó este medio.
Por su parte, el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, promovió el juicio político de los camaristas que habían anulado la causa judicial, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo.
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