Varias farmacias bonaerenses han comenzado a limitar la venta de medicamentos a los afiliados de obras sociales y prepagas por problemas financieros. Los mismos vienen de hace tiempo, pero se vieron aumentados por la velocidad con la que crece la inflación. En este sentido, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) declaran que la volatilidad de precios complicaron sus ventas con descuento porque reciben el pago por parte de las financiadoras 60 y 90 días más tarde, plazo que los comercios del sector intentan reducir negociando, pero no parece ser fácil. Las farmacias que se adhieren al llamado de las organizaciones que las nuclean están vendiendo medicamentos en forma particular, pero hay situaciones en las que se niegan a hacer con el descuento o cobertura que corresponde a algunas obras sociales y prepagas.
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De acuerdo a un comunicado del Colegio de Farmacias Bonaerense desde el mes de agosto la institución ha enviado “varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis”“Hay cientos de farmacias comunitarias que suspendieron la dispensa de medicamentos por los descuentos (bonificaciones) que imponen las obras sociales y prepagas, y sus extensos plazos de pago. No se trata de una maniobra comercial, política, ni especulativa”, dice el comunicado.
Los afiliados de PAMI y de la obra social provincial IOMA, (es decir, alrededor del 70% de las ventas en farmacias de la provincia) son quienes más sufren estas restricciones. Además de que las farmacias empezaron a restringir la venta de medicamentos con descuento de obras sociales o a negarse a vender a quienes no son clientes habituales, cada vez son más los médicos que cobran un copago adicional para compensar los honorarios que consideran que no son suficientes.
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Esta tendencia de compensar la caída en los ingresos de profesionales y otros prestadores es cada vez más común en los diferentes rubros de la medicina, incluyendo odontología, cardiología y pediatría, entre otras. Sumado a esto, hay un conflicto entre las empresas financiadoras de los servicios de salud privada -prepagas y obras sociales-, prestadores -médicos, profesionales, centros de diagnóstico, sanatorios, etc.- y el Gobierno que regula las tarifas que pueden pagar las financiadoras. En un intento por moderar los aumentos, el Gobierno va dosificando los incrementos que se pueden aplicar a sus beneficiarios las prepagas y obras sociales. Al mismo tiempo, las financiadoras congelan las tarifas que pagan a las prestadoras ante la imposibilidad de subir sus ingresos y los prestadores buscan vías de ingresos extra para morigerar ese retraso en los ingresos: todo esto se traduce en la proliferación de copagos.
De acuerdo a lo que advierten las farmacias, si esta situación no se resuelve podrían suspender el crédito de las obras sociales que mantengan deudas pendientes. Esto implicaría no brindar medicamentos a los afiliados de dichas entidades.
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