Pese a la derrota, el Ministerio de la Mujer aumenta su planta permanente

Ministerio Mujer Milei
Créditos: Ministerio Mujer Milei
Por: #BorderPeriodismo

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, encabezado por Ayelén Mazzina Guiñazú, ha sumado 20 empleados permanentes este 22 de noviembre, en medio de la certeza de su desaparición con la llegada del presidente electo Javier Milei.

Este movimiento, revelado a través de las resoluciones 505/2023 y 506/2023 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y dado a conocer en la Agencia de Noticias Argentina, plantea interrogantes sobre la lógica detrás de la expansión del personal, especialmente cuando el futuro de la cartera es la desaparición, anunciada por el libertario desde su campaña; con las semanas contadas.

 

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La persistencia en las designaciones en el Ministerio de la Mujer, a pesar de la contundente derrota en las urnas del oficialismo, sugiere una aparente falta de alineación con la visión del próximo gobierno. La primera resolución mencionada contempla el nombramiento de 4 personas, mientras que la segunda asigna a otras 16.

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En particular, la Resolución 506/2023 presenta un caso peculiar. Una de las designaciones menciona a «Fabiana» como asesora del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sin proporcionar detalles cruciales como apellido, CUIL o puntos de ponderación.

 

 

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Este fenómeno de incrementar la nómina de empleados de planta permanente en entidades gubernamentales no es exclusivo del Ministerio de la Mujer. El Tribunal de Tasaciones de la Nación, a través de la resolución 414/2023 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, también ha realizado nuevas designaciones. En este caso a un Asistente de Administración y Gestión de Personal y a un Asistente de Atención al Público, a menos de un mes del cambio de administración en el Gobierno Nacional.

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La contradicción entre las decisiones de contratación y la realidad política plantea preguntas fundamentales sobre la gestión de recursos humanos en estas instituciones y destaca la necesidad de un escrutinio más detenido en los procesos de contratación del sector público, además de plantear interrogantes sobre el futuro inmediato de las personas que están siendo designadas a los distintos tipos de cargos.

 

 

 

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