En medio de la puja judicial por la expropiación de YPF durante el segundo gobierno de la actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, el Estado propuso ante la justicia estadounidense pagar un extra de hasta 4.920 millones de dólares, mientras que los denunciantes pidieron 16.000 millones.
La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y la acción forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York.
Según detallaron fuentes oficiales, esta semana se sabrá el monto a pagar, tras el fallo en contra del Estado argentino a mediados de marzo. Para eso, la jueza Loretta Preska analizará los escritos que presenten las partes. La indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización.
El demandante es el fondo Burford Capital, que compró el derecho a litigar a una compañía argentina que quebró tras la decisión del gobierno de CFK.
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LA EXPROPIACIÓN DE YPF
El 16 de abril del 2012, el gobierno envió un proyecto de ley al poder legislativo para expropiar el 51 % de las acciones de YPF. Este fue claramente apresurado, ya que a tan solo 9 días fue aprobada la media sanción por el Senado, después de 15 horas de debate, con 63 votos afirmativos, 3 negativos y 4 abstenciones.
En paralelo a la publicación del proyecto, Cristina Kirchner decretó la intervención de la petrolera (decreto 530/2012 ) y asignó como responsable a Julio de Vido, por aquel entonces ministro de Planificación Federal, inversión pública y servicios para asegurar la continuidad de la empresa». Dos días después bajo un nuevo decreto, la presidente amplió el alcance del interventor a REPSOL YPF GAS S.A.
Luego se sancionó la Ley 26.741, que declaró de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y ordenó «Crear el Consejo Federal de Hidrocarburos» y «Declarar de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.». Lo más llamativo es que se realizó bajo la normativa de la ley de expropiación, ley 21.499, que tiene 46 años y está vigente desde la dictadura.
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Ya en el 2019, los abogados representantes de los intereses argentinos habían solicitado traer la causa a nuestro país, pero el estudio Burford Capital argumentó que como YPF cotiza en Wall Street correspondía reclamar en ese país.
En la actualidad el juicio que lleva adelante la jueza Loretta Preska en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan, por haber incumplido con los procedimientos estatutarios, que establecían que se debía enviar una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas, cuando solo se negocio con el accionista mayoritario, Repsol.
El precio será fijado por la fecha en la que el gobierno nacional tomó control de las acciones y el interés por la demora que ocurrió al actualizar la indemnización. Mientras que Burford utiliza la fecha del 16 de abril, la argentina se adhiere al 4 de mayo de 2012, cuando se promulgó y sancionó la Ley 26.741 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, medida que fue publicada en el boletín oficial el 7 de mayo de ese año.
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