La nueva causa por el escándalo de las tarjetas de la corrupción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ya generó la primera medida de prueba concreta en el marco de la investigación. El fiscal citó a declarar a los dirigentes María Eugenia Talerico, Ricardo López Murphy y Javier Iguacel para que ratifiquen la denuncia presentada este lunes ante la Procuración General bonaerense y aporten documentación, confirmaron fuentes judiciales a Borderperiodismo.
Tras el escandaloso fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, que anuló la investigación sobre Julio Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del Frente Renovador que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito, la oposición se presentó ante la Justicia bonaerense para reclamar que se investigue si hay un sistema de “presta nombres” en la Legislatura bonaerense que permite alimentar a las cajas negras de la política.
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En el marco de esa denuncia el fiscal Juan Menucci citó a los denunciantes para la próxima semana. La medida la tomó luego de reunirse con la fiscal Betina Lacki a quien le solicitó copia del cuerpo principal de la causa “Chocolate” que fue anulada por los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo, en una resolución que generó escándalo y estrépito social.
“Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, dice la presentación firmada por López Murphy, Iguacel y Talerico a la que accedió este medio. Además, plantea que es “inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”.
La presentación se hizo ante la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Marcelo Conte-Grand, y resalta una serie de datos en torno al siempre polémico presupuesto de la Legislatura bonaerense, que este año recibió $62.152.000.000. “En la Cámara de Diputados, habría al menos 1510 empleados y tiene un presupuesto de $36.500 millones, para 92 bancas, es decir, 396 millones de pesos por cada banca”, destacaron los representantes de Juntos por el Cambio.
También plantearon que se investigue el comportamiento de los jueces Benavides y Gustavo Villordo, “con el fin de determinar si incurrieron en mal desempeño de sus funciones o, en el extremo, si podrían haber incurrido en delitos en el cumplimiento de sus funciones, que habiliten promover la acción de remoción”.
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Para esos dos jueces, la Policía le avisó a la fiscal de turno (Betina Lacki) recién cuando Rigau fue trasladado a la seccional policial. Pero además plantearon que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados legislativos.
En cambio, el camarista Fernando Mateos sostuvo en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.
Entre sus argumentos, el juez dio a entender que hay pactos internacionales contra la corrupción firmados por nuestro país que se tienen que tener en cuenta en este caso. Pero no fue el único juez que escribió la palabra “corrupción”. El juez de Garantías Guillermo Atencio sostuvo que la pesquisa de la fiscal Lacki podía conducir a develar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. Demasiadas tarjetas y demasiado dinero, dijo, en un episodio que “no pudo escapar –cuando menos– del conocimiento” de las autoridades de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, Carlos “Cuto” Moreno, Fabián Perechodnik, Adrián Urrelli y Héctor Eslaiman.
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