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Un empleado municipal señalado como puntero político del PRO fue identificado como el organizador del ataque que dejó dos heridos en una reunión vecinal de la comuna 4 que debatía la polémica venta de un predio de Casa Amarilla al club Boca Juniors. Se trata de Rodolfo “El Cordobés” Corzo quien –según los testigos- arengaba al grupo violento encabezado por su hijo que tiene su mismo nombre y fue fotografiado con un arma blanca a pocos centímetros de Matías Scinica, quien fue herido en el cuello y continúa internado.
La trama familiar suma un elemento curioso que añade complejidad a la historia: Corzo padre es, además, pareja de Alicia Esther Gariglio, ex candidata del Frente para la Victoria para integrar la junta comunal 4. En diversas fotos aparece en las recorridas junto al ex candidato a jefe de Gobierno, Mariano Recalde. Desde el kirchnerismo admitieron a #BORDER que Gariglio es una histórica dirigente del PJ y que ingresó a la lista del ex titular de Aerolíneas luego de una interna partidaria realizada en las PASO de 2015.
Sin embargo, la lupa está puesta sobre El Cordobés, también con pasado pejotista, quien es empleado municipal desde 1997. Fue inspector municipal en tiempos de la gestión de Aníbal Ibarra. Y ya con el macrismo en el poder fue traspasado a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la CABA en una disposición firmada en 2009 por los ex ministros Néstor Grindetti (actual intendente de
Lanús) y Guillermo Montenegro (actual embajador en Uruguay). En 2012 fue transferido a trabajar en la Comuna 4 compuesta por La Boca, Barracas, Pompeya y Parque Patricios como agente con poder de policía.
“Corzo dirige a la patota en las imágenes. En la comuna, él controla el espacio público y está acusado por las organizaciones de cobrar sobornos. Además, responde al presidente de la comuna (del PRO) Héctor Apreda”, sostuvo en diálogo con #BORDER el abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo.
Apreda, llamativamente, se ausentó de la reunión en la que también fue herido Fernando Abal Medina, hermano del senador y ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Según denuncia el legislador del FIT Marcelo Ramal, la relación política del presidente de la comuna con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es muy estrecha y su vínculo se remonta al PAMI, donde ambos se desempeñaron juntos. “Voy a impulsar el juicio político contra Apreda”, adelantó Ramal a este medio. Sin embargo, el titular del ejecutivo porteño se defendió y aseveró que el PRO “no tiene ninguna patota de ningún tipo”. Por su parte, la comunera en el distrito por el FpV, Victoria Colombo, agregó ante la consulta de este medio que solicita la presencia del jefe de Gobierno en la próxima asamblea del Consejo Consultivo Comunal para garantizar la seguridad de los vecinos.
La investigación
Una de las críticas más grandes de las organizaciones luego del ataque es la parsimonia de la investigación del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, a cargo de la causa por el accionar de la patota. Si bien los vecinos y los medios zonales identificaron instantáneamente a los Corzo, a 48 horas de producidos los hechos aún no habían sido llamados a declarar, mucho menos detenidos. “El fiscal ya fue señalado antes por los vecinos por no investigar ninguna de las denuncias que presentan, no tiene la voluntad”, acusa Baldiviezo.
Desde la fiscalía explicaron a #BORDER que buscan identificar a la totalidad de las personas que se encontraban en la reunión vecinal gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y, de esa manera, tomar testimonio a los asistentes. Por su parte, Fernando Abal Medina planea presentarse como querellante en la investigación en las próximas horas para darle impulso.
La venta polémica
La violencia ocurrió cuando un grupo de organizaciones cuestionaban la controvertida venta del predio de Casa Amarilla al club Boca Juniors. Se trata de 32 mil metros cuadrados originalmente destinados a la construcción de más de mil viviendas sociales. Las obras se mantuvieron paralizadas por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que en 2010 las transfirió al Ejecutivo entonces comandado por el ahora presidente, Mauricio Macri, que a su vez se las cedió a la Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad del estado con la misión específica de promover el desarrollo de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
La entidad decidió llamar a una licitación que para muchos estuvo digitada específicamente para el club xeneize, que de hecho fue el único oferente. Boca obtuvo los terrenos con un pago de sólo el 5% del precio de la venta y podrá abonar el resto en 41 cuotas a lo largo de 10 años. El presidente del club, el influyente Daniel Angelici, deslizó la posibilidad de construir allí un nuevo estadio, a pesar de varios impedimentos legales que aún pesan sobre el terreno.
Los principales críticos de la transferencia sostienen que se acumulan tres grandes irregularidades: la venta de tierra pública debe ser autorizada por la Legislatura; las tierras eran originalmente del IVC y destinadas para vivienda sociales, la ley estipula que sólo pueden ser utilizados con un fin alternativo si fuera destinado para salud, seguridad o educación, cualquier otro destino debe ser también aprobado por los legisladores porteños; y por último, la ley 2240 declaró la emergencia ambiental y habitacional de La Boca y los terrenos de Casa Amarilla fueron calificados como esenciales para mitigar esa necesidad. El caso ya está judicializado y sumará varios capítulos en los tribunales.
