Los vecinos del barrio privado de Pilar Este, provincia de Buenos Aires, denunciaron a través de la plataforma change.org el impacto de los aumentos de hasta un 200 % en el impuesto inmobiliario que comenzarán a pagar en febrero.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) Cristian Girard, afirmó que son los desarrolladores quienes “por incumplimientos, no asumen el pago de impuestos en su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas”.
El conflicto de la falta de escrituras en los terrenos de los barrios cerrados data de años. En 2020 el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, decidió comenzar con un proceso de regularización en los barrios cerrados que no contaban con la subdivisión de los terrenos. Debido a esto, frente a ARBA, se encontraban en una situación irregular, ya que cuando ven el catastro el terreno figura como baldío o tierra rural y por esas tipificaciones se recaudan menos impuestos que los que corresponderían.
De acuerdo a la mirada del organismo, si bien no se trata de un caso de evasión fiscal, los desarrolladores estarían dilatando la recategorización como una estrategia para pagar menos.
Desde la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU) enfatizaron que el problema de papeles ya fue reconocido por la Provincia con su Plan de Regularización 2019, 2020 y 2022.
Según declaró la directora ejecutiva de la Cámara, Mali Vázquez, al medio La Nación, recién en el último año hubo resultados, ya que salieron 45 Aptos Técnicos Finales (Factibilidades) sobre 200 proyectos a regularizarse. “En la medida en que dicha iniciativa continúe es posible que se logre regularizar buena parte de lo que está en marcha”, detalló Vázquez.
En 2020, Kicillof había afirmado que era consciente de la responsabilidad de la Provincia en la demora de los trámites que, según los desarrolladores podían demandar hasta 10 años. Los desarrolladores argumentaban que “los trámites en la provincia de Buenos Aires eran burocráticos” y que si tenían que esperar todas las aprobaciones no podrían iniciar el proyecto en por lo menos 10 años desde que compran la tierra, ya que demoraban más tiempo en lograr las aprobaciones que en construir infraestructura y vender todo el barrio.
El proceso de regularización es complejo. Uno de los problemas por resolver es el Impuesto Complementario, un tributo que deben pagar quienes tienen más de una propiedad en la provincia de Buenos Aires y que en el caso de los barrios cerrados ante la imposibilidad de los vecinos de escriturar los lotes, ARBA quiere cobrárselo a los desarrolladores. Esto genera que cuando el barrio ya está prácticamente regularizado, los escribanos se encuentran con la deuda y los terrenos no puedan escriturarse.
Con el aumento del impuesto inmobiliario impulsado por Kicillof, el conflicto se agravó, y los vecinos de los barrios que no cuenten con la subdivisión de sus terrenos pagaran “impuestos desproporcionados” para el tamaño de sus casas.
Los vecinos denuncian que por sus propiedades, que en su mayoría no superan los 150 metros cuadrados en lotes de alrededor de 500 m², están pagando cerca de $30.000 por bimestre mientras que quienes tienen una casa de 300 metros cuadrados en lotes de 1000 pero en un barrio que está subdividido pagan $5000 mensuales en concepto de ARBA. La causa es que al no estar escriturado cada lote, se aplica un monto mucho más elevado.
Los propietarios manifiestan que cada inmueble cuenta con partida municipal propia y así pueden abonar cada lote su correspondiente impuesto, pero que en el caso de ARBA no es así. Tal como se detalla en la petición que publicaron en change.org, con el nuevo aumento el monto a pagar es de alrededor de $90.000 por bimestre. “La demora de la desarrolladora en la aprobación de los trámites de apto técnico, posterior subdivisión y por ende escrituración, hacen que tengamos que abonar cifras que lesionan nuestra economía”, puntualizan.
Desde ARBA afirman que en el marco del ordenamiento territorial, instrumentaron una serie de medidas para agilizar los trámites vinculados a la responsabilidad tributaria de la vivienda y a facilitar el acceso las escrituras. Esto quiere decir que habilitaron la opción para que se pueda subdividir el terreno en parcelas con deudas preexistentes del Inmobiliario Básico.
Según alegó Girard, han permitido que los escribanos tramiten la actualización de la responsabilidad tributaria y reglamentamos la desvinculación retroactiva con la sola presentación del boleto de compraventa.
Ante este conflicto, la Cámara de Desarrollladores (CEDU) mantuvo reuniones tanto con el nuevo equipo de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial como con ARBA.
Por el ahora, según afirmó Vázquez, los dos organismos tuvieron muy buena predisposición para continuar trabajando en conjunto con el fin de hacerle frente a esta dificultad y a mejorar los tiempos de los trámites. Habrá que esperar para ver qué resolución obtiene el conflicto.
