Durante el desarrollo del paro general promovido por la Confederación General del Trabajo (CGT), el gobierno nacional había habilitado la línea 134 para recolectar denuncias por aprietes y amenazas para instar a personas a manifestarse. Las recibidas hasta el momento fueron enviadas por el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello a la Justicia.

La cartera presentó 1.806 denuncias, que se dieron en el marco del paro general de la CGT del pasado 24 de enero, ante el Juzgado Federal N°8. Las personas manifestaron ser extorsionadas y maltratadas por parte de los referentes de las agrupaciones a las que pertenecen, quienes los obligaban a asistir a las marchas y movilizaciones.

Entre las acusaciones las más frecuentes son las que cuentan con los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que tuvieron que ir a hacer presencia a la movilización bajo la amenaza de quitarles el plan o no certificar su día de trabajo.

Por otro lado, también denunciaron que algunos referentes retienen el 2% de su asignación o los obligan a colaborar con aportes económicos de entre 2.000 y 5.000 pesos en concepto de apoyo al movimiento.

Además, se hicieron presentes las denuncias de personas que figuran como empleados públicos pero que no trabajan. Tienen sueldos cercanos a los 600 mil pesos, pero solo reciben alrededor de 80 mil pesos, ya que el resto queda en manos de un «apoderado» que firma sus recibos de sueldo y el presentismo.

La línea se inauguró el 19 de diciembre con el mismo objetivo: denunciar extorsiones que amenacen a quienes reciban planes sociales. «El número 134 permite denunciar telefónicamente a las personas u organizaciones que amenacen a quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo y todo tipo de asignaciones y planes sociales con la pérdida de los beneficios si no se suman a esta marcha prevista para el día 20 y cualquiera que se organice de ahora en adelante», había señalado el Gobierno en su momento.