El avión venezolano-iraní que se encontraba retenido en Ezeiza desde junio de 2022 por órden judicial finalmente despegó ayer rumbo a Estados Unidos. Venezuela reclamó por lo sucedido con la aeronave de la empresa Emtrasur Cargo y lo calificó como un “robo descarado”.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, el robo descarado de la aeronave Boeing 747-300, siglas YV 3531, perteneciente a la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (EMTRASUR S.A.)”, señaló el gobierno venezolano a través de un comunicado compartido por el canciller venezolano Yvan Gil.
De acuerdo a este mensaje, el «robo» se concretó «luego de la confabulación entre los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y de la República de Argentina» y acusó: «Han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa, colocando en riesgo la seguridad aeronáutica en la región».
“La vergonzosa operación de rapacería se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales han sido aplicadas por más de una década desde los Estados Unidos”, continúa la publicación que menciona, entre otras cosas, el “secuestro de activos y la aplicación de más de 930 sanciones ilegales”.
En este contexto, el comunicado compartido por el canciller venezolano acusó a la extrema derecha opositora de actuar “como agentes directos del imperio norteamericano contra Venezuela”.
“Venezuela libre y soberana dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional”, puntualiza el comunicado.
Tras el decomiso de la aeronave, Venezuela denunció ante la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) “la violación, por parte de ambos gobiernos antes mencionados, de las regulaciones internacionales a las cuales están obligadas los Estados en materia de navegación aérea”.
“Entre los ilícitos cometidos se ha observado el ocultamiento de información al momento de identificar el vuelo, apagado del transpondedor en varios trayectos de la ruta y otros que deben ser investigados de manera independiente”, señaló el gobierno de Maduro quien denunció que se generó “una situación grave de inseguridad jurídica y operacional sin precedentes”.
Según el comunicado, hacia el final, “el Estado venezolano ejercerá todas las acciones que permitan restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario”.
“Ningún imperio, ni sus satélites lacayos, podrán doblegar la voluntad del pueblo venezolano, que ha decidido transitar la ruta de la verdadera independencia y construye su camino hacia la prosperidad política, económica y social, como ha sido demostrada al mundo en los últimos años”, concluye.
