En los comedores populares, la escena es desoladora. Los recursos escasean y los cocineros se enfrentan al dilema de si habrá suficiente comida para todos los que acuden en busca de ayuda. La inflación, que llegó a 20,6% en enero de 2024, acumulando 254% interanual, empuja a más personas hacia la pobreza, exacerbando la situación en los comedores comunitarios.

Con aproximadamente 38.000 comedores en todo el país, según datos del movimiento social Barrios de Pie, la demanda de asistencia alimentaria no hace más que aumentar. Sin embargo, el gobierno congeló el envío de fondos para estos centros, dejándolos a su suerte. Desde hace dos meses, estos comedores dependen de ayudas municipales y donaciones, que resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los más vulnerables, que día a día, se suman de a cientos.

La llegada al poder del presidente Javier Milei no trajo alivio a esta situación. Por el contrario, se profundizó la crisis con el congelamiento de los fondos destinados a los comedores y merenderos -según el relevamiento de la Agencia Francesa de Prensa-; mientras tanto, el ministerio de Capital Humano hace auditorías para comprobar las «fallas» del sistema. Sistema que se encarga de solventar la comida, elemental, de los que menos tienen, y que necesitan -como todos- resolverlo diariamente.

Aunque se prometen soluciones innovadoras para garantizar que la ayuda llegue directamente a quienes la necesitan, la falta de un plan de transición deja en el limbo a miles de personas que dependen de estos servicios.

El aumento del desempleo y la reducción de los trabajos informales agravan aún más la situación, dejando a familias enteras sin recursos para alimentarse adecuadamente. Mientras tanto, el gobierno anuncia planes de asistencia social y relevamientos de comedores, pero las acciones concretas tardan en llegar. La falta de celeridad y transparencia; mezclada con la urgencia, generaron desconfianza tanto en la Iglesia  como en los movimientos sociales, que reclamaron una distribución equitativa y rápida de la ayuda.

En este contexto, la ministra de Capital Humano enfrenta críticas y demandas penales por la falta de entrega de alimentos a los comedores durante su gestión. A pesar de los convenios anunciados con organizaciones religiosas, como las iglesias evangélicas y Cáritas Argentina, la falta de acción inmediata sigue siendo una preocupación latente.

Con este desesperanzador panorama, la solidaridad y el esfuerzo de los movimientos sociales son fundamentales para atender las necesidades más urgentes de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Sin embargo, es imperativo que el gobierno asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para garantizar el acceso universal a la alimentación básica. En medio de una crisis humanitaria sin precedentes, la falta de gestión y acción por parte del presidente y su administración es simplemente inaceptable.