El gobierno de Javier Milei denunció a las autoridades de Anses de la gestión de Alberto Fernández por el caso de las irregularidades en seguros, en una causa que involucra al exmandatario.
La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano y abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La medida fue anunciada hace instantes por el portavoz oficial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada. “El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”, puntualizó el vocero.
La denuncia provino de una auditoría realizada por el gobierno, por medio de la cual, según indicaron, pudieron detectarse irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández.
La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.
La abogada Silvina Martínez tuvo a su cargo la presentación inicial. Martínez denunció penalmente al expresidente y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.
En esa denuncia, Martíne solicitó que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.
La causa por las contrataciones irregulares de seguros en la ANSES está a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González, y entre los imputados está Alberto Fernández.