Ante un nuevo aniversario, ningún gobierno pudo -o quiso- esclarecer el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. En qué está la causa que investiga la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), aquella mañana del 18 de julio de 1994.

“Tenemos memoria. Nos falta verdad y justicia”, dicen desde Memoria Activa, una de las organizaciones que agrupa a familiares y amigos de las víctimas. Y es cierto: pasan los años, los gobiernos, los interrogatorios, pero las preguntas siendo las mismas. ¿Qué encubren los que encubren? ¿Por qué se insiste en apuntar a Irán y no se investiga al mismo tiempo la conexión local? ¿A quiénes se busca proteger?

Mientras los medios hacen foco en el memorándum con Irán, la muerte de Nisman y las internas políticas, el Tribunal Oral Federal Nº 2 desarrolla semana a semana, desde el 6 de agosto del año pasado, el juicio oral y público en el que altos funcionarios políticos, policiales y de los servicios de inteligencia deben declarar sobre los numerosos actos de encubrimiento, destrucción de pruebas y desvío de la investigación. En resumen, por ensuciar la causa.

Este es el primer aniversario que tiene en el banquillo de los acusados a una buena parte de los responsables de que a 22 años del atentado todavía no haya Justicia.

Algunos familiares insisten a #BORDER que la clave del encubrimiento está en que los protagonistas de la causa no actuaron de manera aislada, sino que hubo acuerdos, y luego bajaron las órdenes a las fuerzas de seguridad e inteligencia, en connivencia con funcionarios judiciales.

El juicio busca esclarecer varios hechos fundamentales:

La interrupción de las investigaciones de “la pista siria”, es decir, el freno a las pesquisas que recaían sobre el empresario de origen sirio-libanés Alberto Jacino Kanoore Edul, amigo de la familia del ex presidente Carlos Menem, y uno de los principales sospechosos en la causa. Este hecho tiene como acusados a:

–Carlos Menem, ex presidente de la Nación
–Juan José Galeano, ex juez federal
–Hugo Anzorreguy, ex secretario de Inteligencia
–Carlos Anchezar, ex subsecretario de Inteligencia
–Carlos Castañeda, ex comisario de la Policía Federal
–Jorge “Fino” Palacios, ex comisario de la Policía Federal

La mayoría de los testigos que declararon hasta el momento se excusan bajo la figura del “no me acuerdo”, que sigue obstaculizando y complica todavía más la investigación. De todos modos, hubo testimonios importantes, como el del policía Carlos Heise, quien recordó que la pista siria fue descartada por el mismo juzgado.

La desaparición de cassettes y transcripciones con intervenciones telefónicas a Kanoore Edul es otro de los hechos que se busca dilucidar. Por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, cuyo origen fue los fondos reservados de la exSIDE, para que declarara falsamente que entregó la camioneta Trafic a dos brigadas de la Policía Bonaerense, encabezadas por el ex comisario Juan José Ribelli, también hay una investigación. Los acusados son:

–Juan José Galeano, ex juez federal
–Hugo Anzorreguy, ex secretario de Inteligencia
–Carlos Telleldín, acusado de ser el dueño de la Trafic cuyo motor apareció en los escombros de la AMIA
–Eamon Mullen y José Barbaccia, ex fiscales
–Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA
–Patricio Finnen, ex agente de Inteligencia
–Ana María Boragni, ex pareja de Telleldín
–Victor Stinfale, ex abogado de Telleldín

Dentro de este hecho se está trabajando sobre aprietes, amenazas y actas mal redactadas, que según manifestaron en las audiencias, llevaba adelante el juzgado para acusar a los policías bonaerenses de ser la conexión local del atentado. Incluso uno de los oficiales contó: «Galeano me dijo que si no declaraba lo que quería me metería preso y me haría echar de la Policía, y cumplió«.

Una de las conclusiones que viene dejando el juicio se relaciona con el bajísimo nivel de los profesionales que conformaban el equipo armado para investigar el atentado. Galeano llegó a convocar a policías con causas penales penales abiertas o incluso a personas de escasa relación con casos de terrorismo internacional, como el “Fino” Palacios, que por entonces era jefe de la División Drogas Peligrosas.

Según un empleado del juzgado, ninguno de los participantes tenía preparación en terrorismo internacional: «El juzgado no se encontraba capacitado para una causa de esta envergadura». Tampoco había recursos materiales para investigar: ni papeles, ni computadoras.

Uno de los imputados en la causa por el atentado es el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, por lo que el accionar de las instituciones judías por aquel entonces también está bajo la lupa. “Los de AMIA y DAIA cuidaban cada uno su quinta. Tenían relación con el gobierno de turno y cuidaban sus negocios personales”, destacó Adriana Reisfeld de Memoria Activa. Por su parte, Diana Malamud, de la misma agrupación, comentó que “el trato desde el juzgado de Galeano hacia AMIA y DAIA era de cordialidad, amistad. Beraja a Galeano lo llamaba ‘Juancito’, y Beraja y Menem se saludaban como amigos”. El propio Beraja llegó a reconocer que desde la DAIA no querían pelearse ni con Menem ni con Galeano. Incluso se presentó en la Casa Rosada para disculparse con el ex presidente cuando se lo nombraba en los actos conmemorativos. Por su parte, Sergio Burstein, querellante y familiar de la organización 18 J, agregó: «Siempre las instituciones nos usaron para poner la chapa de los familiares. Sin nosotros no podían hacer lo que hicieron».

Por un pedido de licencia de un juez, el camarista Néstor Costabel, el juicio entró en receso y se reanudarán las audiencias el próximo 4 de agosto. Ya declararon 57 testigos, entre familiares de víctimas, ex policías bonaerenses y federales y agentes de inteligencia, y aún quedan más de 80, entre los que figuran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex agente de la SIDE, Jaime Stiuso, entre los más destacados. Se espera que en algún momento Galeano preste declaración indagatoria, ya que hasta ahora no ha hablado, y que Beraja, Mullen y Barbaccia amplíen las suyas.

Por su parte, La Unidad Fiscal de Investigaciones UFI AMIA, creada en el año 2004 y ahora a cargo de Sabrina Namer, Roberto Salum, y Leonardo Filippini, publicó un informe de gestión en el que expuso de qué manera vienen trabajando tras la muerte de Nisman y advirtió que “mantendrá activa y favorecerá toda línea de investigación o medida que pueda contribuir a la verdad”.