El Ministerio del Interior ya está elaborando un proyecto para delimitar la “gestión de intereses”. Hasta ahora sólo existe un registro de audiencias, pero su aplicación es defectuosa. En el país, las empresas hacen hincapié en generar cambios impositivos y en lograr normativas estatales que se adapten a sus necesidades.

Es una de las tantas cuentas pendientes de la democracia: regular el trabajo de los gestores de intereses, comúnmente conocidos como lobbistas. Y el Gobierno está decidido a avanzar en la materia, algo que el kirchnerismo intentó pero no logró concretar. Así, «el Gobierno de los CEOs», como muchos lo denominan, buscará ser el que termine ordenando una actividad que muchos de ellos realizaron estando en la actividad privada.

En el Ministerio del Interior ya están trabajando en un proyecto de ley de regulación de la gestión de intereses, como les gusta decirle a los funcionarios. Saben que la palabra lobby sigue teniendo en la Argentina una connotación negativa, a pesar de ser una actividad regulada en muchos países del mundo.
En 2004, Néstor Kirchner implementó un registro de audiencias, para que todos los funcionarios completen con las reuniones que mantenían día a día. Sin embargo, el sistema nunca se cumplió a rajatabla y dejó muchos vacíos. En la mayoría de los casos terminó siendo un registro de la agenda de los funcionarios, con audiencias que no son calificadas como lobby. En el caso de Mauricio Macri, por ejemplo, en el mes de julio figura teniendo apenas siete audiencias, y todas con funcionarios de diferentes áreas.

Un caso que demuestra que el registro no funciona correctamente se ve en el Ministerio de Comunicaciones, que conduce Oscar Aguad. En lo que va de los siete meses de gestión apenas tuvo seis audiencias registradas, y apenas una sola con una empresa (la china ZTE). Los propios comunicados del ministerio, en cambio, dan cuenta de más reuniones con empresarios de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, algo inevitable en su labor. El programa para vender celulares con tecnología 4G a un precio accesible y en 12 cuotas se armó dialogando con las firmas del sector, algo que con un adecuado sistema de gestión de intereses debería estar registrado.
Como contrapartida, fuentes del Gobierno destacan lo hecho en el Ministerio de Educación desde la gestión pasada. Según describen, hay un funcionario encargado de recibir y tomar los datos de todos aquellos que se presentan para tener una reunión con el ministro u otros funcionarios de menor cargo.

En los últimos 20 años existieron decenas de proyectos legislativos para regular el lobby, pero nunca prosperaron. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, es el funcionario encargado de avanzar en un nuevo proyecto, en coordinación con la subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Marina Carbajal. Desde esa área ya presentaron los proyectos de Reforma Política y de Acceso a la Información Pública, y para el segundo semestre pretenden lanzar el de Gestión de Intereses y otro de Financiamiento Partidario.
Uno de los modelos a seguir es el chileno, donde ya hay en funcionamiento una ley de gestión de intereses. También en Estados Unidos hay una larga tradición en la regulación del lobby. Uno de los puntos principales es la identificación de los lobbistas, por eso hay proyectos que incluso establecen la creación de un registro de “gestores”. Ese punto, no obstante, todavía no está definido en las entrañas del poder.

En la Argentina son cada vez más las empresas que recurren a los lobbistas, generalmente bajo el cargo de gerentes de asuntos públicos y corporativos. Según un relevamiento de IDEA entre las principales 114 firmas del país, que publicó La Nación, en 2014 el 44% de las empresas aseguraba haber aumentado el presupuesto para el área. Sus trabajos no son sólo para gestionar sus intereses con el Poder Ejecutivo, sino también con el Legislativo, y los gobiernos provinciales y municipales. Para el 80% de las empresas, la principal preocupación son los cambios impositivos, y para el 79% el exceso o la falta de regulación estatal.
Pero no sólo las empresas son las que se dedican a hacer lobby, sino también diversas instituciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales buscan generar influencias en las decisiones que se toman en el poder político.