Después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que el gobierno de Javier Milei buscará modificar la ley 26.206 de Educación Nacional para “penar el adoctrinamiento en las escuelas”, Amnistía Internacional, organización abocada a la promoción y defensa de los derechos humanos, cuestionó esta iniciativa y manifestó que “preocupa la doble vara sobre la libertad”.
“Por decisión del gobierno nacional se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además, el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. En definitiva, van a poder denunciar cuando sientan que no se respeta su derecho a educarse”, había comunicado el vocero Adorni ayer, en su habitual conferencia de prensa.
Amnistía Internacional Argentina compartió la noticia en X (antes Twitter) y preguntó: “Pero, ¿a qué le llaman adoctrinamiento? ¿A las ideas con las que no comulgan?”. “Preocupa la doble vara sobre la libertad, sobre todo cuando la más alta figura del ejecutivo desinforma sobre el derecho a la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos”, consideró el organismo de derechos humanos.
“Los contenidos que se trabajan en las escuelas están establecidos en los núcleos de aprendizaje prioritario y lineamientos curriculares. Las infancias tienen derecho a una educación que les permita conocer, comprender y ejercer sus derechos humanos”, concluyó Amnistía Internacional.
“Adoctrinamiento en las escuelas”: qué dijeron los especialistas.
Sobre el tema también se expidieron otras voces, como la abogada, comunicadora y activista Ana Correa, quien destacó: “En 1977, un decreto militar prohibió el libro «Un elefante ocupa mucho espacio», de Elsa Bornemann, acusado de contener ‘cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento’. No fue el único, pero para que vean un ejemplo del dislate que estamos viviendo”, cuestionó Correa.
En tanto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consideró que Argentina ya cuenta con herramientas para reducir el adoctrinamiento, tanto en la Constitución Nacional, los tratados sobre derechos humanos de jerarquía constitucional y los artículos 11 inciso b, c y d y 126 incisos a, b y d de la misma ley de Educación Nacional. “No hace falta modificar ninguna normativa, sino aplicarla de ser necesario, dentro del correspondiente régimen sancionatorio”, manifestó, y consideró que “se debe garantizar la libertad de expresión de los docentes, especialmente, en temas controversiales susceptibles de producir debates”.
En diálogo con La Nación, la Asimismo, licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y magíster en Educación por Flacso, Guillermina Tiramonti, opinó que “en la Argentina ha habido adoctrinamiento, en general, en los gobiernos peronistas y durante las dictaduras. Actualmente el colectivo docente confunde muchas veces su papel y adoctrina en lugar de guiar a sus alumnos a identificar las diferentes lecturas sobre la realidad” y dio como ejemplo “la escuela pública de Emerenciano Sena”. En esa línea, resaltó que “el fomento de la delación y de la vigilancia ideológica en las escuelas podrían ser algo peligroso” y lanzó una contundente crítica al gobierno: “El gobierno parece creer que su deber es barrer una ideología en favor de la propia. Cree tener la verdad y, con eso, el derecho de imponerla”.
También, en entrevista con la Universidad Nacional de las Artes, el escritor, intelectual y profesor universitario Martín Kohan debatió el concepto del adoctrinamiento en la educación: “Para que exista y funcione el adoctrinamiento hacen falta por lo menos dos elementos. Uno, la palabra autoritaria del docente. Yo no conozco docentes que hoy en Argentina sean mayoritariamente o medianamente autoritarios. Habrá, quizás, pero de ninguna manera es lo dominante ni justifica una caracterización general del estado de cosas de la educación, para nada. Y dos, el estudiante cuya cabeza está lo suficientemente hueca como para que la palabra del docente penetre y sea recepcionada pasivamente, sin hacer nada con ella” (…) Tomamos posición, expresamos lo que elaboramos de lo que estamos enseñando y eso, de ningún modo, va a imponerse como palabra autoritaria, en la medida en la que uno no exige que el estudiante lo reproduzca pasivamente”; consideró.
También el director General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, reconoció que «puede haber situaciones que no correspondan a un aula». «Soy de los que opina que el docente exprese sus opiniones, puede opinar, pero no se puede enojar, tiene que garantizar que se escuchen todas las voces. Puede haber actos de torpeza, pero de ningún modo se van a resolver penalmente», alegó. También afirmó que «hay mucha agresión al Estado, a la educación pública y también a los docentes. Una sucesión de maltrato que el gobierno se encarga de desparramar. No es justo, no se construye políticamente así», manifestó.
