La Justicia argentina ordenó que se reabra la investigación por los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El mandatario es señalado como el responsable en una causa que comenzó por una presentación de la organización internacional Clooney Foundation for Justice y Amnistía Internacional.
Ambas organizaciones denunciaron en la Argentina al Estado venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Maduro, desde 2014 hasta la actualidad.
La denuncia fue presentada en Comodoro Py el 14 de junio del año pasado y quedó registrada con el número 2001/2023 y está caratulada como “averiguación de delito”.
La principal denunciante es Rosa María Orozco Seijas, quien en un blog contó: “El 22 de mayo se cumplieron tres meses de la muerte de la joven Geraldine Moreno, luego de que el pasado 19 de febrero recibiera un disparo en el rostro propinado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación en Carabobo”.
El fallo fue firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Tanto Maduro como su segundo al mando, Diosdado Cabello, están señalados como responsables de esas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. La investigación había sido impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y fue archivada luego por el juez Sebastián Ramos, que la mandó a la Corte Penal Internacional.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi adelantaron que “en caso de hallarse reunidos los requisitos legales se proceda a avanzar en la convocatoria a indagatoria de los aquí imputados”.
En esa misma línea, Llorens señaló: “Es impostergable que el juez resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables».
Y agregó la resolución para que se «someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”.
