El gobierno de Javier Milei dispuso hoy la desregulación de las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable. La iniciativa fue oficializada a través de un decreto – el Decreto 302/2024 – el cual fue publicado en el Boletín Oficial y en donde se destaca que “resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo” de esos servicios.

El decreto recientemente emitido por el gobierno modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078, y establece que las empresas licenciatarias de servicios TIC tendrán la “libertad de fijar sus tarifas”. La iniciativa tiene como el objetivo «promover la competencia» en el sector en cuestión. 

“El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, señala el decreto en sus considerandos.

En esa línea, el gobierno postuló que la medida busca «favorecer el dinamismo» del sector de las telecomunicaciones  y «generar un equilibrio competitivo sostenible»  con el fin de «asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad», algo que, según puntualizaron desde el gobierno “se contrapone con la regulación tarifaria establecida” con anterioridad.

A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

La medida anula el Decreto 690 del año 2020 con el que el expresidente Alberto Fernández declaró como servicio público esencial en competencia a toda la industria en el contexto de la pandemia del Covid-19. Con ese decreto, el entonces mandatario pretendió controlar los precios de dichos servicios, en un contexto de restricción de la circulación a causa de la propagación del virus. Con esa medida se congelaron futuros aumentos por algunos meses y se habilitó al Estado Nacional – a través del ENACOM– a actuar como regulador de cualquier ajuste a futuro. A pesar de aquel intento de la anterior administración, este decreto se funcionó a medias debido a que las distintas empresas judicializaron sus reclamos con medidas cautelares que pausaron su aplicación total.