El magistrado en lo penal económico Marcelo Aguinsky elevó a juicio oral una causa por contrabando con un fraude fiscal por más de USD 300 millones desarrollado a través de sociedades fantasmas durante el mandato de Cristina Kirchner.
Se trata de una gigantesca causa sobre la corrupción en la Aduana, con una instrucción de 8 años hasta esta etapa de definición en el tribunal oral, para determinar los ilícitos cometidos en torno de 1.500 contenedores.
Entre funcionarios aduaneros y empresarios fueron procesados noventa y siete personas, y deberán defenderse en la nueva etapa del juicio. Según el escrito, se investigó “la actividad desplegada por un grupo de personas que formarían parte de asociación ilícita dedicada a facilitar el despacho a plaza de mercaderías, evadiendo los correspondientes controles aduaneros”.
“Se trata de una serie de casos en los que se presume que para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercaderías al país se habría recurrido a la confección y posterior presentación de conocimientos de embarque apócrifos”, aclaró Aguinsky.
“Al ingreso de informaciones falsas en el sistema de registro informático del organismo de control y, asimismo, a la presentación y oficialización de despachos de importación que contendrían información y documentación complementaria falaz”, señaló el letrado.
Metodología repetida
Estos casos dejan a la luz como “la delincuencia económica organizada en complicidad con funcionarios corruptos provoca daño a la sociedad y el estado en términos de millones de dólares”, observó Aguinsky.
En la causa de la mafia de la Aduana “se ha podido observar a lo largo de esta investigación una práctica ilícita estructurada, planificada, temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada en forma diversificada por numerosos actores que difícilmente podrían haber logrado el éxito frente a un serio control establecido en las líneas de la burocracia estatal”, destacó el magistrado.
“Las evidencias colectadas en autos permitieron arribar a la conclusión de que tales maniobras fueron instadas dentro del mismo sistema aduanero, es decir, por quienes paradójicamente debían custodiar los intereses del Estado y sus recursos públicos”, amplió Aguinsky.
