Este miércoles el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas que son acusados por extorsión a beneficiarios a través de planes sociales del Estado.
La investigación profundiza en presuntas extorsiones para que diferentes afiliados a agrupaciones sociales y personas vulnerables concurran a las marchas con la promesa de seguir cobrando un plan social o comenzar a cobrar uno nuevo. A la par, la justicia esclarece también el escandaloso caso de los «comedores fantasmas».
El procedimiento lo solicitó el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad, a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó en diciembre pasado.
Ante este pedido, el juez federal pidió al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas.
De esa manera, se dispuso la inmovilización general de bienes para los dirigentes sociales imputados por el delito de extorsión, entre ellos Jeremías Cantero (segundo de Eduardo Belliboni), Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Polo Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.
La decisión de Casanello tuvo lugar en la misma jornada en la cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa. A pesar de esto, no aceptaron la solicitud de la funcionaria.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La fiscalía sostiene que hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada.
Los reportes de estas situaciones son de todo el país, por lo que Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en los 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción.
Quiénes son los dirigentes sociales imputados
Los 28 imputados son: Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
