El gobierno tendría entre sus planes remover del cargo a Rosana Ludovico, la actual titular de la Aduana, de quien se sospecha que tomó un préstamo de una empresa acusada de contrabando.
En esa línea, se espera una reestructuración en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Desde Casa Rosada se informó que las primeras modificaciones se plasmarán este viernes.
De acuerdo a la información de la agencia NA, la reestructuración de la AFIP se dará en cargos que no incluirían a Florencia Misrahi, su titular actual, la cual consensuó los cambios en su organigrama junto al titular de Economía, Luis “Toto” Caputo.
En tanto, el sindicato de los trabajadores del sector (UPSAFIP) publicó un comunicado para notificar los alcances de la reestructuración tras la reunión con las autoridades de la entidad: “En un marco de estrategia operativa la AFIP dispuso el pase a la Dirección General Impositiva (DGI) de todas las áreas operativas de seguridad social, conservando absolutamente todas las mismas jefaturas incluso con sus mismos equipos de empleados y casos asignados”, manifestaron, y explicaron que solo serán eliminados los cargos de “Departamento y Dirección del área de operaciones de la DGRS para no duplicar las mismas funciones en DGI, pero conservarán su grupo escalafonario y tendrán libertad absoluta para pasar al área que elijan en la DGI”.
Hoy podría haber novedades en lo que respecta a la situación de la titular de Aduana. De acuerdo a la denuncia penal que realizó la diputada nacional de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, cuando la empresa Promarlon SA estaba acordando una moratoria, Lodovico recibió un “crédito” de parte de esa compañía, en cuyos estatutos no estaba habilitada para otorgar préstamos: 250 mil dólares los que recibió la jefa de Aduana de Milei, según Campagnoli, los cuales fueron aparentemente utilizados para comprar una casa de fin de semana.
En declaraciones radiales, Campagnoli explicó que la denuncia involucra también al exmarido de Ludovico, quien también fue beneficiario del crédito y funcionario de la Aduana, a su cuñado Alejandro Omar Lucano y a Claudio Gabriel Szlaien, presidente de Promarlon S.A.
La denuncia se basó en una investigación del diario La Nación que reveló que Lodovico y su ex marido Luis Antonio Bocassi, jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana, recibieron un préstamo de la empresa Promarlon S.A., que dos meses antes había sido beneficiada con una moratoria para saldar deudas por operaciones internacionales no declaradas debidamente.
De acuerdo con el planteo de la denunciante, «la Aduana le dio el visto bueno (a Promarlon) para que no fueran condenados por contrabando y que pagarán en cómodas cuotas las deudas que tenía con dicho organismo».
Según lo que señaló la diputada, no está claro si Lodovico pagó el préstamo privado de una empresa que no estaba habilitada para ese tipo de operaciones, ni tampoco cómo quedó registrado el pago, ni a qué cotización del dólar.
