El próximo jueves 23 de mayo, los gremios docentes realizarán un paro nacional en respuesta a la falta de avances en las negociaciones con el gobierno. Esta medida de fuerza, la tercera durante la gestión de Javier Milei, busca la recomposición salarial y el aumento del financiamiento para universidades y escuelas públicas. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los sindicatos docentes nucleados en la CGT, como UDA, SADOP, AMET y CEA, se sumaron a esta  convocatoria.

En un comunicado oficial, la CTERA justificó el paro por «la falta de respuestas a las demandas salariales, laborales y de financiamiento educativo». Desde diciembre de 2023, el gremio que nuclea a los docentes nacionales reclama al Gobierno soluciones a sus demandas. En este sentido, desde el sindicato indicaron que a la fecha, algunos maestros cobran apenas 250 mil pesos por mes, cifra insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Entre los principales reclamos se encuentran la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el aumento del presupuesto educativo y financiamiento para infraestructura escolar. Además, exigen el envío de fondos para comedores escolares y programas educativos, un aumento de emergencia para los salarios docentes y jubilados, el cese de despidos y la reincorporación de trabajadores despedidos en áreas educativas. También se oponen al traspaso de las Cajas Provinciales a la Nación y a cualquier modificación de los regímenes jubilatorios docentes.

La convocatoria al paro incluye a los sindicatos docentes universitarios, lo que anticipa una movilización masiva. La comunidad educativa espera que esta medida de fuerza genere la presión necesaria para que el gobierno responda a las demandas y promueva políticas efectivas que garanticen la estabilidad financiera y el desarrollo continuo de las instituciones educativas en Argentina.

Este paro nacional no solo busca la recomposición salarial, sino también la defensa de un sistema educativo inclusivo y bien financiado, fundamental para el futuro del país. La participación de diversos gremios y sindicatos indica la magnitud del descontento y la urgencia de las demandas planteadas.