Este jueves, los empleados judiciales de la nación iniciaron un paro de 36 horas en demanda de mejoras salariales. La medida, organizada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), incluye movilizaciones en varias ciudades del país y busca visibilizar el deterioro salarial y exigir respuestas concretas de las autoridades.
Durante la protesta, los empleados judiciales llevarán a cabo movilizaciones en distintas ciudades para dar visibilidad a sus reclamos. La consigna es clara: mejorar las condiciones laborales y salariales del sector. La UEJN advirtió que, de no obtener respuestas favorables, las medidas de fuerza podrían intensificarse. «Si esto avanza, fundamentalmente lo del impuesto al trabajo, vamos a pedir que se libere la prohibición que tenemos de ejercer nuestras profesiones, como abogados, y de tener otro trabajo», declaró Julio Piumato, secretario gremial de los judiciales.
El paro es la culminación de meses de descontento y protestas entre los empleados judiciales, cuyo poder adquisitivo se vio gravemente afectado. Piumato afirmó que los salarios del sector cayeron más del 21% desde diciembre pasado debido a la inflación. Esta situación se agravó por el incumplimiento de la Corte Suprema de Justicia en relación con la recomposición salarial acordada previamente. Los empleados judiciales reclaman que la Corte no solicitó el porcentaje adicional en la pauta salarial de abril, conformándose con un 8,5% en lugar del 10% estipulado. «La política salarial va cercenando el nivel de nuestros salarios», insistió Piumato.
Otro motivo de protesta es el impuesto al trabajo, que el gremio considera injusto y que podría triplicar su impacto negativo debido al nuevo paquete fiscal. Piumato describió este impuesto como una «espada de Damocles» sobre los salarios de los empleados judiciales. “Esta situación deteriora nuestros salarios y coloca en serio riesgo la manutención de nuestras familias”, afirmó.
La protesta también busca defender la independencia judicial, que los empleados consideran amenazada por las acciones del gobierno. Piumato señaló que «la independencia de la justicia hoy está seriamente dañada», y esta preocupación se suma a las demandas salariales.
El gremio continuará evaluando la respuesta del gobierno y de la Corte Suprema. De no alcanzarse un acuerdo satisfactorio, no se descartan nuevas movilizaciones y medidas de fuerza en el futuro. «Los empleados judiciales están decididos a luchar por una recomposición salarial justa y por la defensa de una justicia independiente, esenciales para el buen funcionamiento del sistema judicial y para la protección de sus derechos laborales», indicaron desde el gremio.
El paro de 36 horas es una clara señal del descontento en el sector judicial y un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas para solucionar esta crisis. Los empleados judiciales buscan no solo mejorar sus condiciones de vida, sino también garantizar la integridad y la independencia del sistema judicial argentino.
