La Corte Suprema de Justicia le ordenó a la empresa Tabacalera Sarandí, propiedad del empresario Pablo Otero -conocido como el “Señor Tabaco”– que pague el impuesto a los cigarrillos. Así, el máximo tribunal hizo lugar a una presentación de la AFIP contra la ejecución de una sentencia que había conseguido la empresa en marzo, de parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la cual habilitaba a Tabacalera Sarandí a seguir sin pagar tributos.

Otero había logrado obtener una participación muy relevante en el mercado del tabaco mediante la venta de cigarrillos a precios muy bajos, al abrigo de medidas cautelares que le permitían evadir impuestos, ocasionando perjuicios tanto para el sistema fiscal como para sus competidores. Ahora el fallo de la Corte determinó la suspensión de la ejecución de las sentencias que hacían que la empresa pueda quedar exenta de no pagar el tributo. 

La resolución tuvo los votos del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En tanto, Carlos Rosenkrantz se excusó porque en el pasado fue abogado de la tabacalera Massalin. 

De acuerdo a la fundamentación del máximo tribunal sobre la decisión tomada, la Cámara “en la práctica, ha inhibido potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado y alterado el efecto del recurso interpuesto por la apelante contra la sentencia de fondo, requiriendo para ello solamente la caución juratoria de la parte apelada”. Además, la Corte habilitó a Procuración General para que se expida sobre si el impuesto que debe pagar la Tabacalera Sarandí es constitucional o no, cosa que desde la empresa tabacalera plantearon. Una vez emitido ese dictamen los integrantes del máximo tribunal estarán habilitados para fallar sobre la cuestión de fondo.

La resolución advirtió: “El hecho es que, si la sentencia es revocada, Tabacalera Sarandí, no sólo tendrá que pagar de ahora en adelante, sino que podría ser ejecutada por todo lo que no pagó desde hace años, lo que es una cifra multimillonaria”. Se estima que los recursos fiscales perdidos desde 2016 en adelante ascendieron a más de US$2517 millones. Solo en 2023 las pérdidas alcanzaron aproximadamente $202.500 millones.