La Justicia Federal realizó una serie de allanamientos en el marco de la investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos hacia el Polo Obrero y otros movimientos sociales. Los operativos buscaron identificar a los responsables de al menos cuatro sociedades comerciales que aparecerían en el camino del dinero.
El fin de los procedimientos es recolectar documentación sobre la firma MinisioTrade SRL, que parece estar vinculada a otras sociedades sospechosas como Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA.
Estas empresas figuran en los registros de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocida como la “base APOC”.
Los allanamientos fueron dispuestos por el juez Sebastián Casanello, quien dispuso el registro de una imprenta y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, un edificio de oficinas previamente investigado por presunto lavado de activos, operaciones financieras ilegales y facturas falsas.
Los investigadores fueron avanzando en los últimos días sobre la pista de la ruta del dinero piquetero que puso en la mira a una usina de facturas truchas y una empresa ligada al Polo Obrero que se usaría para desviar dinero.
La sospecha sobre Costex SA
Las dudas crecieron sobre la firma luego de que se allanara a sus socios y ambos dijeran que no tenían nada que ver con ese emprendimiento. Uno de ellos, además, vive en condición precaria, reforzando los indicios en torno a que se lo usó como pantalla.
Esas dos personas también aparecen como socios de otras tres empresas que se crearon en 2020: Costex y VSP Consulting SA fueron registradas en octubre de ese año; Ciriaco Shoes SRL y Recinsur SA son de febrero de 2020. La AFIP las reportó como una usina de facturas truchas.
Tras el rechazo del juez Casanello para que el Ministerio de Seguridad, encargado de la denuncia, se convirtiera en querellante, el Ministerio de Capital Humano fue aceptado en el expediente. Pero además se sumó esta semana la Unidad de Información Financiera y ha pedido también ese rol de afectado particular la Oficina Anticorrupción.
