La inminente reinstauración del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales desencadenó una respuesta contundente por parte de cerca de 70 sindicatos, encabezados por La Bancaria, quienes anunciaron su intención de impugnar la medida en los tribunales. La propuesta del Gobierno, de reincorporar el tributo sobre la cuarta categoría, y sin contar con el respaldo del Senado, generó un profundo malestar en diversos sectores, quienes lo consideran potencialmente inconstitucional.

Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria (UxP), adelantó que su sindicato presentará una demanda, anticipando que otros 69 sindicatos de la coalición «El salario no es ganancia» también se unirán a la acción legal. La judicialización podría resultar en una suspensión temporal del impuesto, dependiendo de las decisiones de los jueces involucrados.

Además, la CTA de los Trabajadores anunció que llevará el caso ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Paralelamente, están organizando una serie de demandas individuales ante los tribunales locales, estimando al menos 800 mil presentaciones legales por parte de trabajadores afectados, bajo la asesoría legal de los sindicatos.

Vanesa Siley, diputada de UxP, cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que una ley ómnibus como la aprobada no puede considerarse una norma única y que se requiere la aprobación de ambas cámaras para la reintroducción de impuestos como Ganancias y Bienes Personales. Para Siley, esta medida podría comprometer la seguridad jurídica necesaria para los sectores económicos nacionales e internacionales.

El debate parlamentario sigue dividido entre quienes ven esta medida como un paso hacia la equidad fiscal y quienes la perciben como una amenaza para la estabilidad económica y legal del país.