Este viernes, los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Marcela Campganoli, denunciaron hoy a Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco” y propietario de la Tabacalera Sarandí, por los delitos de cohecho, facturación apócrifa y subfacturación, apropiación indebida de tributos, asociación ilícita y de lavado de activos.
La denuncia llega luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocaron las medidas cautelares a favor de la tabacalera para que no tribute impuestos por el tabaco.
Además, también fueron denunciados el ex titular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto, que actualmente se desempeña como diputado nacional, en la denuncia también señalan a otras cuatro personas, entre ellos Daniel Reposo, ex subdirector General de Fiscalización de la AFIP y que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue titular de la SIGEN y candidato a procurador general de la Nación.
En ese sentido, la denuncia a la cual pudo acceder el medio Infobae, sostiene “Que en virtud de noticias periodísticas y otros trascendidos, hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago y recepción de dadivas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. a autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudada en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dichos hechos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha”.
En esa línea, agregaron en el documento: “El pago de estas coimas se habría hecho visible a raíz de la discusión de la Ley de Bases propuesta por la actual gestión. También, Otero habría influenciado a personas dentro de la AFIP con el fin de que desaparezca un informe practicado en su contra, en el que se habrían detallado múltiples ilicitudes”.
Los legisladores señalaron que desde 2018 Otero no paga impuestos al tabaco por medidas cautelares de la justicia que calificaron que fueron “logradas de forma cuestionable”, lo que permitió a su empresa no pagar cerca de 100.000 millones de pesos como tributo en una competencia desleal con otras compañías del sector.
En el documento presentado ante el juez federal Lijo, se detalló que el: “Personal de AFIP detectó la posible participación de Tabacalera Sarandí en el uso de facturas apócrifas, y que, lejos de continuarse el camino habitual y efectuarse la denuncia penal, se apartó a los agentes que tomaron intervención en ella”. Y agregaron que: “por omisión de los deberes a su cargo o por haber sido parte activa del esquema delictual, podrían tener directa responsabilidad penal con los múltiples delitos presuntamente cometidos e investigados por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A”.
La misma señala que se basa en artículos periodísticos que se publicaron sobre el tema y los legisladores señalaron que uno de ellos habla sobre el pago de cuatro millones de dólares a “diputados nacionales, miembros de AFIP, Gendarmería y la Policía Federal, con el fin de procurar que se retire de la Ley que se encontraba siendo tratada en el Honorable Congreso de la Nación, el articulado referente a los impuestos y tributos sobre la tabacalera”.
