La Secretaría de Transporte anunció la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por un plazo de 180 días. La decisión fue oficializada a través del decreto 606/2024 publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de mejorar los estándares de seguridad y operación, digitalizar procesos administrativos y auditar los últimos años de gestión de la entidad.

Según el decreto, «se dispone la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Transporte, por el plazo de 180 días corridos. Dicho período podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio». Esta medida permitirá al organismo funcionar de manera descentralizada bajo la órbita de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

En los últimos años, auditorías externas identificaron más de 80 hallazgos que afectan áreas críticas como la capacitación del personal técnico, la información relativa a la seguridad operacional, y el otorgamiento de licencias y certificaciones. Estos hallazgos evidencian fallas que, de no corregirse, podrían derivar en una baja de la categoría internacional, impactando negativamente en la industria aerocomercial del país.

Ante esta situación, el Gobierno consideró necesaria una reestructuración inmediata con plazos y procedimientos de excepción, y la intervención fue vista como el instrumento más idóneo para llevarla a cabo. La interventora designada es María Julia Cordero, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector. Abogada y especialista en políticas públicas, Cordero trabajó en organismos públicos y empresas vinculadas a la aviación durante 17 años, participando en importantes procesos como la creación de la ANAC y la desregulación del sector aerocomercial.

Cordero tendrá la responsabilidad de elaborar y elevar a la Secretaría de Transporte un informe detallado del estado de situación del organismo, relevar la actual estructura de la ANAC para determinar una reorganización funcional y operativa, evaluar el estado financiero y proponer mecanismos para agilizar y digitalizar los procesos administrativos.