El Ministerio de Salud de la Nación, quien tiene al frente a Mario Russo, dio por finalizado el Programa de Becas de Salud Comunitarias debido al “reordenamiento” que se viene realizando y “por no cumplir con los objetivos para los que había sido creado”.

Según la cartera, el objetivo de esta medida es “fortalecer y hacer más eficiente la asignación de recursos” teniendo en cuenta a “los beneficiarios”.

“En esta dirección, se definió dar de baja el Programa de becas de salud comunitaria que había sido creado originariamente para financiar el trabajo de equipos de salud vinculados a atención de baja complejidad, transfiriendo recursos económicos a las provincias. Este programa se desvirtuó en la medida que los recursos fueron asignados a un mismo grupo durante periodos prolongados”, explica el comunicado.

Esto significa que, según el ministerio conducido por Russo, esas becas “fueron reasignadas entre dos y cinco veces consecutivas a los mismos destinatarios” y detectaron que “los becarios no trabajan en centros de salud sino en oficinas de gobierno”.

Este plan de asistencia comunitaria se había creado en 2002 y, hasta ahora, 2.400 personas eran las beneficiarias, sin embargo, la cantidad de no ameritaba continuar con el programa.

“Esos datos permiten entender las debilidades y deficiencias en el funcionamiento de este programa de capacitación, que no cumplieron con sus objetivos primarios de adoptar una visión comunitaria”, informaron.

Lo que arrojó la investigación

Javier Lanari, el subsecretario de prensa, publicó en su cuenta persona de la red social X, que “el ‘Plan de Salud Comunitaria’ representó un fraude de $ 1.432 millones el año pasado y que “el 80% de los municipios beneficiados son de la provincia de Buenos Aires».

Entre los datos encontrados, que justifican la discontinuidad del Programa, se registran: becarios con más de 10 años de antigüedad; 2.368 becas destinadas a agentes de salud en 70 municipios, de las cuales 55 fueron dirigidas a la Provincia de Buenos Aires; en 2023, fue transferido un monto total de $ 1.432 millones.

En los registros de becarios se registraron casos de contadores, profesores de historia; abogados, técnicos en informática; comunicadores sociales; profesores de educación física, diseñadores gráficos y arquitectos, entre otros, según lo investigado por Nación.