Luego de que el juez Sebastian Casanello procesara al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni por administración fraudulenta de dinero entregado por el Estado, el líder piquetero salió a defenderse asegurando que hay “una campaña de criminalización de las organizaciones sociales». En esa línea, Belliboni, quien es señalado por el presunto delito de haber desviado fondos del programa Potenciar Trabajo con fines partidarios, acusó al Gobierno de “estar detrás de todo esto” y aseguró que la Justicia es “funcional al poder”.
“Es absolutamente falso. El Polo Obrero puso mucha más de esa plata, que fue parte del Estado para proyectos productivos y capacitación. El dinero está rendido en su totalidad y estuvo absolutamente aprobado. Vamos a apelar, porque no se tuvo en cuenta nada de lo que se presentó y hay prueba que no fue periciada”, aseguró Belliboni a radio Splendid.
En esa línea, el piquetero manifestó: “No hay división de poderes en Argentina, la Justicia es funcional al poder y el Gobierno de Javier Milei está detrás de todo esto. Estamos frente a una campaña de criminalización de las organizaciones sociales. Hay una intencionalidad política. Hace tres meses que estamos en una etapa de allanamientos a organizaciones sociales” y agregó que “en Argentina hubo 100 allanamientos a todas las organizaciones sociales, de 3 jueces federales, (Ariel) Lijo, Casanello y (Luis) Armella. Parece que el delito en Argentina pasa por los comedores populares y no por los bunker de narcos o la trata. Hace dos meses que hay un secuestro y no hay una sola pista ni allanamiento por el caso Loan, hay una desesperación de todo un pueblo. No pasa absolutamente nada con la Justicia».
El juez Casanello consideró que hay suficientes pruebas para afirmar que el dirigente piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas fantasmas que, según lo que sostiene el juez, habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas.
En esa línea, Casanello le trabó un embargo de $390 millones a Belliboni y consideró que el dirigente “aprovechó la política pública para intereses partidarios”.
